El Congreso votará la reforma del Estatuto que blinda las inversiones

La sorpresa invadió ayer a los dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV). ¿Motivo? La aprobación por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados de someter a votación el próximo miércoles, día 16, para su tramitación parlamentaria la reforma del Estatuto valenciano, texto aprobado por Les Corts Valencianes en el año 2011, y que incluye una disposición adicional que vincula las inversiones para infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado al peso de la población valenciana.

La aceptación por parte del PP en Madrid contradice la posición adoptada hasta ahora de negarse a su tramitación para no provocar una corriente mimética en el resto de autonomías.

Al parecer y según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, se aceptará este trámite, aunque será complicado que dé tiempo a la discusión y aprobación completas en el curso de la presente legislatura.

La exigencia que pretende el nuevo Estatuto en materia de inversiones por parte del Estado ya está recogida en las Cartas de Autogobierno de Cataluña, Andalucía y Aragón. Servirá para dar más argumentos a la Generalitat a la hora de exigir al Gobierno central el aumento de las partidas presupuestarias.

Si se pusiese en práctica este artículo, a la Comunitat Valenciana le correspondería el diez por ciento del total. Se trata de una cifra superior a la asignada en los Presupuestos de este año, que le dan un ocho por ciento.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional considera que este tipo de cláusulas no obligan al Estado a cumplir con lo recogido en el Estatuto.

Por este motivo, el PP podría dar luz verde al texto teniendo en cuenta que no incurriría en ilegalidad alguna si no aumenta las inversiones. Así, aunque solo fuera como gesto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reforzaría su posición en la Comunitat.

Sin embargo, la repercusión que pueda tener la aprobación de la reforma del Estatuto valenciano en otras autonomías, será otra de las cuestiones que el PP deberá estudiar con sumo cuidado.

En este sentido, habrá que ver en los próximos meses si se produce en el resto de las Comunidades, a las puertas de las elecciones generales, un movimiento de reivindicaciones similares, en función del criterio que más les convenga.

Son con estos mismos argumentos con los que defienden el actual modelo de financiación, un asunto que el Gobierno de Rajoy sí se ha comprometido a abordar en lo que queda de legislatura y que ha asegurado que cerrará a partir de 2016.