El Consell auditará Vaersa, los colegios concertados y las resonancias

El Gobierno aprueba la moratoria urbanística del litoral, el Xarxa llibres de Alicante y Castellón y un plan contra la violencia de género

El Consell ha previsto controles específicos durante 2016 a diversas áreas del sector público, tanto el puramente público como el concertado o externalizado.

Así, la Administración auditará los gastos en compras y servicios exteriores de Vaersa entre 2006 y 2015. Esta investigación será complementaria en cierto modo con la que desempeña desde hace meses la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

También se auditará la concesión de la gestión sanitaria integral, es decir, los hospitales del denominado «modelo Alzira».

Los colegios concertados también tendrán su fiscalización por parte de la Administración, especialmente en materia de subvenciones para retribuir personal docente de pago delegado y ayudas de comedor.

Por último, también se revisarán los procedimientos de facturación empleados por la empresa Eresa en la «gestión del servicio público del concierto para la realización de técnicas de diagnóstico por imagen».

Por otra parte, el Consell aprobó la moratoria de un año para cualquier plan de actuación en la franja litoral (500 metros de la costa) mientras se realiza el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral con el que se pretende, en palabras de la vicepresidenta Oltra, revertir «las agresiones de los últimos años».

El Gobierno valenciano, reunido ayer en sesión plenaria, autorizó también la concesión de 3,2 millones de euros para subvencionar XarxaLlibres en Alicante y Castellón, después de aprobar la semana pasada las dotaciones de este programa para los ayuntamientos de Valencia y Elche.

Oltra presentó también la próxima campaña contra la violencia de género, especialmente enfocada a la población más joven y que tendrá el lema «No me toques el whatsup».

Oltra se refirió también a la polémica sobre la subvención directa a la empresa Carns de Morella que hasta 2013 presidió Ximo Puig y justificó la importancia de un matadero ecológico en las comarcas del interior de Castellón, para que los ganaderos no tengan que ir a Cuenca.

En cualquier caso, sobre el origen de dicha línea de subvención, la vicepresidenta Oltra dijo «no saber nada» y que las líneas presupuestarias se diseñas en las conselleries y se aprueban por Hacienda, así que indicó que en Agricultura o en Hacienda sabrían quién propuso esa ayuda.

La vicepresidenta se negó a inmiscuirse en asuntos del Parlamento: «la separación de poderes es real en este Gobierno», para no opinar sobre la comisión de investigación solicitada por el PP con motivo de esta subvención, y para tratar de aclarar la composición del accionariado de la empresa, que podría integrar a amigos personales de Puig.