El Consell declara siete proyectos empresariales como prioritarios

Uno de ellos se aprobó el año pasado, cuando se publicó la Ley de Aceleración de la Inversión, y otros seis se han declarado en lo que llevamos de año

El Consell ha declarado siete proyectos empresariales como prioritarios gracias a la Ley de Aceleración de la Inversión a Proyectos Prioritarios aprobada el año pasado. Uno de esos proyectos se declaró en 2018 y los otros seis en lo que llevamos de año. Preguntadas al respecto, fuentes de la Dirección General de Internacionalización, responsables de dicha normativa, explicaron que los nombres de las empresas beneficiadas no se pueden proporcionar debido a que se ha firmado un pacto de confidencialidad con las mismas.

De los siete proyectos, cinco son de nueva instalación, uno de ampliación y otro de traslado. Tres de ellos se han desarrollado en la provincia de Valencia, otro en la de Castellón y tres en Alicante.

El total de la inversión que se prevé que se produzca en dichos proyectos es de 155,7 millones de euros. Por provincias, 124,3 millones serán en la provincia de Valencia, 9,1 en Castellón y 22,1 en Alicante.

En cuanto a los empleos que se espera que se generen, la cifra asciende a 208 puestos de trabajo nuevos, 60 en Valencia, 41 en Castellón y 107 en Alicante.

Por otra parte, un total de seis nuevos proyectos se encuentran en fase de consulta. Dos de ellos, de la provincia de Alicante, se encuentran en ese estado desde el año pasado mientras que otros cuatro (tres en Valencia y uno en Alicante) solicitaron a la Conselleria de Economía ser declarados como prioritarios este año.

El pleno del Consell aprobó el pasado 7 de junio el reglamento que desarrolla esta norma.

Dicho reglamento regula el procedimiento de calificación de un proyecto de inversión como prioritario y determina las funciones del Punto de Aceleración de la Inversión. Además, establede la composición de la comisión técnica de inversiones, así como su funcionamiento.

Según fuentes del Consell, con este decreto se pretende «crear los instrumentos adecuados para la promoción y el estímulo del crecimiento económico, así como el fomento de la competitividad y la productividad de nuestro tejido empresarial, minimizando las barreras que afectan a los procesos de inversión de las empresas». El reglamento ya ha entrado en vigor y a partir de ahora las solicitudes deberán ceñirse a la normativa.