El Consell espera un informe jurídico para repetir la subasta de montes

La subasta de montes públicos que se paralizó la pasada semana volverá a realizarse una vez la Generalitat tenga el informe jurídico que avale la legalidad de esta actuación.

La subasta de montes públicos que se paralizó la pasada semana volverá a realizarse una vez la Generalitat tenga el informe jurídico que avale la legalidad de esta actuación. Todo apunta a que no se producirán problemas para que continúe el procedimiento, puesto que a principios de 2012 ya salió adelante una subasta en la que se adjudicó a una unión de empresas (UTE) el aprovechamiento de los recursos de 13 montes que suman 26.000 hectáreas. Pagarán 82.000 euros al año durante dos décadas, canon que deberán reinvertir en el mantenimiento de los montes.

El director general de Medio Natural, Alfredo González, explicó que la subasta que ha quedado paralizada se planteó en los mismos términos. En este caso son cinco montes públicos en los términos de Requena, Jarafuel y Ayora. 12.100 hectáreas que salen a subasta por un precio de salida de 23.500 euros al año. Es decir, que en la puja se espera que esta cantidad aumente. El precio se revisa de acuerdo al IPC.

A la oferta se presentaron cuatro empresas, algunas de ellas en UTE. Todas tienen sede en la provincia de Valencia y están especializadas en la gestión de montes.

Ante las críticas tanto de la oposición como de grupos ecologistas, González insistió en que la Generalitat no tiene la intención de privatizar el monte, sino en regular los recursos existentes de los mismos tales como la caza, la madera, la biomasa o las setas. En ambas ofertas se contempla la construcción de una planta de biomasa. Apunta a que todas estas actuaciones permitirán generar empleos en las zonas rurales sin que se reduzca el uso público de los montes. «En ningún caso se prohibirán actividades como el senderismo o el cicloturismo, únicamente se va a hacer un estudio de qué se puede obtener de los montes».

La empresa adjudicataria tiene como primera obligación redactar un proyecto de ordenación para saber cuáles son los recursos existentes y cómo regularlos.

Además, incide en el escaso valor económico que se obtiene de los suelos forestales. En la Comunitat Valenciana hay 1.300.000 hectáreas de terrenos forestales, el 55 por ciento del territorio. Sin embargo, en el año 2010 generó el 0,03 por ciento del PIB. «Existe un claro desequilibrio que debemos resolver. Nos critican si hacemos y también si no, pero vamos a seguir andando».