El Consell estudia obligar la enseñanza del valenciano en zonas castellanas

Además, el conocimiento de la lengua será un requisito obligatorio para los nuevos funcionarios

Vicent Marzà, durante la presentación de la encuesta «Coneixement i us social del valencià 2015»
Vicent Marzà, durante la presentación de la encuesta «Coneixement i us social del valencià 2015»

La Generalitat estudiará la posibilidad de suprimir la no obligatoriedad de la enseñanza del valenciano en los territorios castellanoparlantes de la Comunitat Valenciana y anunció que el conocimiento de la lengua será requisito obligado para los funcionarios de nuevo acceso.

Así lo anunció ayer el conseller de Educación, Vicent Marzà, acompañado por el director general de Política lingüística, Rubén Trenzano, durante la presentación de la encuesta «Coneixement i ús social del valencià 2015», que en comparación con la efectuada en 2010 evidencia que «ha empeorado el uso pero su conocimiento ha mejorado» en algunas comarcas.

«La Generalitat tiene la obligación de garantizar el derecho de todos, vivan donde vivan, de conocer y usar las dos lenguas oficiales», afirmó Marzà.

Por ello, Educación prevé conceder este año 5,2 millones de euros en subvenciones para la promoción del valenciano: 2,3 de ellos para medios de comunicación, aunque también se contemplan ayudas para ayuntamientos, sindicatos, universidades y asociaciones profesionales, empresas del ámbito publicitario e iniciativas culturales.

Al ser preguntado por la posibilidad de un cambio normativo, por parte del Consell, respecto a la exención de la enseñanza del valenciano en zonas castellanoparlantes, recordó que el Consell «ha encargado un nuevo decreto de plurilingüismo», pero señaló que en caso de producirse un cambio legislativo, este se realizará «en función de lo que digan los expertos».

Sobre el uso y conocimiento del valenciano en el ámbito de la administración pública, Marzà manifestó la necesidad de considerarlo «no solo como un mérito». Al ser interpelado sobre si la Generalitat exigirá el conocimiento de la lengua como un requisito, el conseller sostuvo que, en la actualidad, el 70 por ciento de los funcionarios ya poseen una certificación y, por tanto, no «se parte de cero».

El PP valenciano considera un «atropello a la libertad de las familias» el anuncio realizado ayer por el conseller. En un comunicado, la portavoz del PP en materia de Educación, Beatriz Gascó, lamentó que «una vez más, Vicent Marzà ha anunciado que su voluntad está por encima de la voluntad y capacidad de decisión de las familias y de su criterio».