El Consell exige activar el Fondo Social de Viviendas

En dos cartas enviadas al Gobierno, le insta a poner en marcha el convenio para facilitar el alquiler a familias con dificultades

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha instado al Gobierno central a impulsar el convenio sobre el Fondo Social de Viviendas y a adoptar las medidas necesarias para que las entidades financieras con impagos a las comunidades de propietarios cumplan sus obligaciones.

A través de sendas cartas dirigidas a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la consellera exige al gobierno central impulsar de manera efectiva el convenio sobre el Fondo Social de Viviendas para familias en dificultades, suscrito en 2013 entre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el tercer sector bajo la tutela del gobierno estatal.

Este acuerdo pretendía dotarse con 6.000 hogares en todo el estado español y facilitar el acceso a alquileres de bajo precio a familias con dificultades, como se recoge en la Moción 4/IX sobre la adopción de medidas para evitar los desahucios, aprobada por unanimidad por Les Corts.

En estas cartas, la consellera valora el Fondo Social de Viviendas como un instrumento que puede paliar la «grave situación en que se encuentran muchas personas y familias». Asimismo recuerda que el Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre, «encomendó al Gobierno, promover con el sector financiero la creación de un Fondo Social de Viviendas con el objetivo de proporcionar una vivienda en condiciones favorables de alquiler a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual y en las que concurrieran determinadas circunstancias».

Por otra lado, en otra carta dirigida a la ministra de Fomento, la consellera de Vivienda insta al Gobierno, según la resolución aprobada por Les Corts, a adoptar las medidas necesarias para que los bancos con deudas con las comunidades de vecinos cumplan las obligaciones tal y como estipula la Ley de Propiedad Horizontal.

Del mismo modo, la consellera insta al ejecutivo a articular un plan de atención a las situaciones de necesidad que se producen en las comunidades de vecinos cuando las deudas de alguna entidad financiera impida la realización de las obligaciones que impone la Ley de Propiedad Horizontal, facilitarles asesoramiento jurídico y evitar los perjuicios o gravámenes para el desarrollo de acciones legales que correspondan a la comunidad».