El Consell paraliza 12.500 empleos al bloquear las declaraciones de impacto

La Comisión de Evaluación Ambiental, el órgano que debe emitir las licencias ambientales, aún no está constituido. Así lo denunció ayer la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien aseguró que esta circunstancia está provocando la paralización de proyectos que suman una inversión de 1.250 millones de euros y la creación de 12.500 puestos de trabajo.

El grupo popular ha solicitado la comparecencia de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, para que concrete cuándo autorizará su creación y podrá resolver los expedientes que se encuentran paralizados.

Los problemas en este área viene de lejos. Fue una de las primeras batallas libradas entre Compromís y el PSPV dentro de su Gobierno coral. ¿Quién debía hacerse cargo de las evaluaciones de impacto ambiental? En el reparto inicial de las competencias dos Conselleries, la de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (PSPV) y la de Agricultura y Medio Ambiente (Compromís) tenían atribuciones en esta materia, por lo que no quedaba claro quién era el último responsable. Finalmente, tal y como adelantó LA RAZÓN, el Consell desoyó un informe de la Abogacía de la Generalitat emitido el pasado 13 de agosto y otorgó las competencias de evaluación ambiental de todos los proyectos a la Conselleria de Agricultura y la ordenación del territorio a la de Vivienda.

En el citado informe se advertía de que esta separación, aunque no era ilegal, contradecía los principios de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), la directiva de evaluación ambiental y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

Compromís fue el claro vencedor. Se ha mostrado públicamente en contra de los grandes proyectos que requieren de este tipo de documentos. Ahora tendrá la última palabra.

Como ejemplo, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, aseguró que empresas como Bauhaus o Decathlon están pendiente de esta resoluciones para instalarse en Parc Alfafar.

Los populares afirman que estas empresas están planteando ya priorizar sus operaciones en otros puntos de España si persisten los obstáculos a sus planes de implantación, que preveían la inauguración de las nuevas tiendas en 2016.

Ambas actuaciones suponen 30 millones de inversión y 400 empleos directos. El Ayuntamiento de Alfafar dejará de ingresar 1.250.000 euros en concepto de impuestos municipales. Bonig asegura que la preocupación se está extendiendo entre los propietarios de los terrenos. Temen que las empresas acaben rompiendo los contratos y se produzcan penalizaciones.

La suma de 12.500 puestos de trabajo y los 1.250 millones de inversiones se obtienen al añadir otros proyectos presentados como Puerto Mediterráneo, Alcoinnova o Ikea en Alicante.