Política

El Consell prescinde del límite de 20 euros de Fabra para comidas

El Código de Buen Gobierno exige austeridad, sin concretar cuánto se deben pagar los altos cargos en sus gastos diarios Como el anterior Gobierno, recomienda viajar en clase turista

Los consellers firmaron ayer el Código de Buen Gobierno y los altos cargos tienen un mes para suscribirlo
Los consellers firmaron ayer el Código de Buen Gobierno y los altos cargos tienen un mes para suscribirlolarazon

«Impregnar la Comunitat de una ética positiva», este es el objetivo del Código de Buen Gobierno aprobado ayer por el Consell. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, explicó ayer las líneas generales de este reglamento que desarrolla la Ley de Transparencia que dejó aprobada el anterior Consell. Se trata de principios generales que «concretan lo que se puede concretar», admitió Alcaraz. De hecho, no entra al detalle en asuntos que quedaron regulado en la etapa de Alberto Fabra, quien impuso a sus altos cargos que no gastasen más de 20 euros al día en sus comidas que, además, debían realizarse en lugares cercanos a las sedes de sus Conselleries para evitar el desplazamiento.

El texto suscrito ayer por el Consell habla de manera general de «austeridad». Se viajará «siempre que sea posible en clase turista», indicación más laxa que la realizada en la etapa anterior. Fabra ordenó que siempre se utilizasen estos billetes y que, además, se tratase de buscar una línea de bajo coste. También prohibió más de un acompañante por persona y dos en el caso de los consellers.

El Código de Buen Gobierno del bipartito sí obliga a devolver los regalos que vayan «más allá de la cortesía habitual» y todos gastos se harán públicos en el portal de la Transparencia.

Del mismo modo, se insta a los altos cargos a realizar un «uso responsable de las redes sociales» y a no hacer un uso partidario de los medios de comunicación. Se les exime de participar en actos religiosos y su presencia será siempre a título individual. También quedan prohibidas la colocación de placas con nombres de políticos.

Una operación «de traca»

El Consell aprobó ayer la disolución de la empresa Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, encargada de la construcción de viviendas protegidas en la que se han detectado «graves irregularidades» que se han trasladado a la Fiscalía. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró que en esta operación de «traca» se «saquearon» tres millones de euros, «no hablamos de tres millones de chufas».

Esta mercantil se creó en 2004 con una participación del 49 por ciento del Ivvsa y del 51 de la empresa Urbana Ducat SL. En 2005, se le vendió un solar en Alaquàs propiedad de la Generalitat para construir viviendas protegidas; la empresa pidió un préstamo para pagarlo al que no pudo hacer frente y ahora la Generalitat tiene que asumir una deuda de tres millones.