El Consell regula el autobombo y prohíbe las inauguraciones

El buen gobernante no presumirá de las obras que se han pagado con dinero público y mucho menos asistirá a actos de colocación de primeras piedras. Así lo establece el artículo 20 del Código de Buen Gobierno de la Generalitat, elaborado por la Conselleria de Transparencia, que actualmente se encuentra en periodo de exposición pública. «De manera ordinaria (los altos cargos) se abstendrán de participar en actos de inauguración de obras o servicios financiados con fondos públicos, así como de puesta de primeras piedras o similares».

Hasta ahora, este tipo de actos únicamente estaban prohibidos durante la campaña electoral. De hecho, en los días previos a la fecha límite es frecuente la acumulación de inauguraciones. Cuanto más se apura el plazo, más posibilidades hay de que quede en el recuerdo del votante.

En el transcurso de los mismos también es habitual la colocación de placas que dejen para la historia quién fue el artífice del proyecto. El Código del Buen Gobernante también las rechaza.

Tampoco se podrán hacer actos de entrega de bienes financiados con fondos públicos, o cualquier tipo de contrato, becas o subvención. Por extensión, solicita que no se organicen actos públicos de entrega de llaves de viviendas. Los funcionarios se encargarán de entregarlas, sin «escenificaciones públicas».

También regula los reconocimientos honoríficos. Pide a los altos cargos que garanticen que se otorguen a personas con «compromiso público relevante» y prohíbe expresamente que hayan sido condenadas penalmente mediante sentencia firme.

El Código de Buen Gobierno regula la Ley de Transparencia aprobada en abril de este año por el Consell popular.

En líneas generales, se ha seguido con la línea establecida en la norma, aunque se han introducido nuevos aspectos. Un claro ejemplo es que los altos cargos no estarán obligados a participar en actos religiosos. «Su asistencia será a título individual y en ejercicio del derecho de libertad religiosa».

Por lo que respecta a las instituciones, afirma que se abstendrán de participar en las presidencias de actos religiosos, salvo que por «razones históricamente consolidadas» tengan un valor cultural que «trascienda a su origen religioso».