Sociedad
El Gobierno dará 2 millones menos al Consell por los dependientes muertos
Bienestar afirma que los dio de baja pero no consta por un «error informático» EU pide una Comisión de Investigación en Les Corts
El Consell no tendrá que hacer un esfuerzo extra para devolver 2,1 millones de euros al Gobierno central en concepto de ayudas para dependientes ya fallecidos. Según explicaron ayer desde el Departamento de Bienestar Social, el Ministerio de Sanidad y Política Social descontará dicha cantidad de las transferencias que realiza a dicha área.
La polémica surgió después de que el Tribunal de Cuentas alertara de que la mayoría de las Comunidades Autónomas no daban de baja a los dependientes muertos para seguir cobrando sus ayudas. Para la Comunitat, cifró la «picaresca» en más de dos millones de euros, desde que entró en vigor la normativa en el año 2006 hasta 2011. Sin embargo, desde la Conselleria que dirige Asunción Sánchez no se trata de una trampa para recibir más fondos, sino de un «error informático» a la hora de cruzar los datos, ya que sí dieron de baja a los usuarios del sistema que habían fallecido.
La portavoz de Política Social del grupo popular en Les Corts, María José García Herrero, criticó que la Ley de la Dependencia nació además de sin financiación, sin un sistema de información común. «Cada Comunidad tuvo que improvisar su propio Sistema de Información para comunicarse con el Imserso y costearlo con sus medios para gestionar millares de expedientes. El resultado del Informe únicamente muestra los errores de comunicación de los primeros años de entrada en vigor de la Ley, en uno y otro sentido, y que lógicamente han sido subsanados».
Dicho informe además asegura que el retraso para el reconocimiento de la ayuda es de 310 días, una cifra superior a la media nacional, que es de 262 días. La ley establece que el plazo máximo sea de seis meses (unos 180 días aproximadamente).
Para aclarar esta cuestión, la oposición coincidió ayer en pedirle explicaciones al Ejecutivo valenciano. El PSPV exigió al Consell que informe sobre el destino de dichas ayudas y denunció que la región valenciana esté «a la cola» en la aplicación de la Dependencia.
EU fue más allá y anunció que pedirá una Comisión de investigación en Les Corts.
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