El Gobierno desmiente a Puig y afirma que no avala el decreto de plurilingüismo

Puig confía en que el TSJ valide el decreto y consiente que Marzà no aplique la suspensión decretada por los tribunales. Los populares advierten de que la norma vigente es la de 2012

Hasta en tres ocasiones se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) sobre el decreto de plurilingüismo de la Generalitat. El resultado ha sido el mismo, ha decretado su suspensión cautelar. Sin embargo, el Consell sigue aferrado a la posibilidad de que finalmente no se derogue el decreto. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró confiado en que se producirá una resolución favorable y argumentó que el Ministerio de Educación dio su aval al decreto.

El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, salió ayer a desmentir esta afirmación. Aseguró que el Ministerio de Educación está a la espera de que la Conselleria modifique el decreto, tal y como se le ordenó, a través de la normativa que lo desarrolla. Incidió en que, a día de hoy, Marzà no ha publicado las modificaciones anunciadas y desveló que se ha reunido en varias ocasiones con el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, para abordar y analizar la situación.

Además, recordó que en marzo, y tras el informe de la Alta Inspección, el Ministerio de Educación pidió una serie de aclaraciones y decisiones en una carta donde se señalaba que «la vinculación de valenciano e inglés puede ser un elemento discriminatorio para el alumnado».

En ella, se solicitaba a la Conselleria de Educación medidas para evitar la posible discriminación con la certificación de idiomas y se recordaba que el hecho de que el Consejo Escolar apruebe el proyecto lingüístico puede interferir con las competencias del responsable de la dirección.

El PP en Les Corts volvió a preguntar al presidente Puig sobre esta cuestión. La síndica Isabel Bonig remarcó el desconcierto de los padres que no saben en qué lengua van a estudiar sus hijos. Así, instó a Puig a cumplir con las resoluciones judiciales y le instó a aplicar el decreto de 2012. «20 años en la oposición para acabar aplicando los decretos del PP».

El conseller de Educación, Vicent Marzà, tampoco quiso aclarar qué proyecto lingüístico tendrán los colegios. En lugar de dar explicaciones, exhibió la postura de la Fiscalía que afirma que el decreto «no lesiona ningún derecho fundamental».

Puig acusó al PP de «querer arrinconar al valenciano» y preguntó a los populares «por qué se niegan a que los niños hablen inglés, castellano y valenciano».