Economía

El Ivvsa halla un 39 por ciento de mora en sus alquileres

Infraestructuras lo ha bajado al 30 en los últimos seis meses

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ayer durante la rueda de prensa
La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ayer durante la rueda de prensalarazon

El Expediente de Regulación de Empleo realizado el año pasado en el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), lejos de reducir la actividad del ente, ha contribuido a todo lo contrario, a una reordenación y clarificación de los recursos de esta sociedad y de la situación de la misma.

Así, la empresa pública ha hecho un inventario de todas las viviendas con las que cuenta, así como el estado de los pagos, de lo que se concluyó que existía un 40 por ciento de morosidad en los alquileres sociales, dándose casos en los que la familia llevaba sin pagar entre 25 y 30 años.

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, aseguró ayer que en los últimos seis meses se ha conseguido reducir este elevado porcentaje hasta el 30 por ciento mediante la firma de 1.718 actas de reconocimiento de deuda. Así, estas personas podrán saldar su deuda en un plazo de cinco años a una media de 30 euros al mes, más la mensualidad en curso.

Además, en las inspecciones realizadas se detectaron 299 inmuebles ocupados de forma ilegal. La consellera aseguró que serán «flexible» e intentarán llegar a acuerdos, pero advirtió de que si no existe voluntad de solucionar la situación se iniciará un expediente administrativo y un juicio rápido de usurpación.

Se han realizado hasta ahora un total de ocho desahucios de personas que ocupaban ilegalmente una vivienda pública y no mostraron voluntad de colaborar. Uno de ellos es el de un señor de Elche, acampado en la puerta de la Conselleria, que debe 23.912 euros a la Administración por una vivienda pública que adquirió en 1985 y que, además, ha dejado en muy malas condiciones.

Bonig quiso presentar ayer, en su primera rueda de prensa en el nuevo Complejo administrativo 9 d'Octubre, la nueva política de vivienda de la Conselleria, destinada a «potenciar la vertiente más social».

De ahí que haya 625 viviendas públicas en disposición de ser alquiladas una vez estén rehabilitadas y que se hayan entregado ya 139, 44 para personas desahuciadas. Además se han intermediado 1.430 contratos de la Red Alquila y próximamente se entregarán 42 mediante el convenio con Bankia.

«Plan de maquillaje»

Con respecto a las expropiaciones a los bancos planteadas por la Junta de Andalucía, opinó que se trata de «planes de maquillaje», por lo que instó a este Gobierno a poner al servicio de los ciudadanos los 5.000 inmuebles que tiene sin ocupar.