El juez dicta el auto que sienta a Camps en el banquillo por prevaricación y fraude

El juez del caso Gürtel, José de la Mata, envió a juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps ante el «arsenal de indicios» de que participó en la presunta adjudicación irregular a la Gürtel de un expositor en Fitur 2009, hechos por los que la Fiscalía le pide dos años y medio de cárcel.

Una vez la Sala confirmó su procesamiento, ahora De la Mata ha dictado auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso, con el que envía al banquillo a Camps por prevaricación, fraude y tráfico de influencias, si bien rechaza hacerlo por malversación al no haber sido investigado en esta pieza por ese último delito. El juez le envía a juicio ante el «arsenal de indicios, muy consistentes» y cada uno «suficientemente acreditado» de que Camps participó en la adjudicación del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market, empresa de la Gürtel.

Lo hizo, dice el juez, «para favorecer» a dicha empresa «como venía haciendo desde 2005 a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda» que el PP valenciano tenía con Orange Market, y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el partido utilizaba» para ir cancelándola.

Es más, el juez sostiene que Camps dio indicaciones a la ex directora general de promoción institucional Dora Ibars para ello, como también piensa la Fiscalía, que cuantifica el montaje de ese stand en 366.529 euros.

Para dicha adjudicación, el responsable de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes; y el contable de Orange Market, Cándido Herrero, se concertaron con Camps, «como máxima autoridad autonómica» para que la adjudicación recayese en dicha empresa «sin procedimiento de contratación alguno».

Y también, añade el juez, para que ésta no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo «bajo la autoridad del presidente». Hechos por los que Camps tendrá que responder ante un tribunal por varios delitos, entre ellos el de prevaricación ya que la adjudicación se basó en «actos verbales» que no siguieron ningún procedimiento establecido por la ley.