El juez ordena a Morella que desvele los socios del matadero al que benefició Puig

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón ha declarado contrario a derecho la negativa del Ayuntamiento de Morella a informar al grupo «popular» del Consistorio sobre los socios privados del matadero de dicha localidad, participado mayoritariamente por el Consistorio morellano.

En los primeros presupuestos elaborados por el tripartito bajo la presidencia de Ximo Puig, llamó mucho la atención una partida nominal, es decir, de adjudicación directa sin concurso, de 140.000 euros a este matadero, creado cuando el propio Puig era alcalde de dicha localidad.

Además, esta partida fue la única nominal que contenía el presupuesto. La protesta del PP en la Comisión que debatía las cuentas públicas hizo que incluso Podemos apoyara una enmienda por la que la partida se ampliaba hasta los 400.000 euros pero abierta a todos los mataderos. Además, se creó una Comisión ad hoc para estudiar la situación de este tipo de industria.

Esta modificación no despejó las dudas del PP y el grupo municipal en la localidad pidió, entre otros datos, saber quiénes componían el accionariado privado de la compañía, información que el Ayuntamiento negó y que ahora deberá facilitar tras la sentencia judicial que también impone las costas de 675 euros al Ayuntamiento de la localidad de Els Ports.

Señala su señoría que la negativa del Ayuntamiento a facilitar la información a concejales en el desempeño de su cargo conculca el artículo 23.2 de la Constitución Española y también es contrario a al artículo 77 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local.

Descarta el juez que el hecho de que el concejal «no tenga área de Gobierno» pueda ser motivo para desestimar su petición porque dicha ley habla de «todos los miembros de las Corporaciones locales». Además, recuerda una sentencia del Supremo de 2002 que destaca «el derecho de los concejales a acceder a la documentación y datos de los que disponga la Corporación a la que pertenece, de manera que su actividad en el Ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa».

El juez sugiere, en cualquier caso, que si hay algún dato confidencial, se tache.