El nuevo instituto de Acción Social no podrá subir su gasto

Hasta ahora se sabía que las empresas públicas, que se encuentran en pleno proceso de transformación y fusión, no podían endeudarse más. Pero no solo eso. Tal y como se especifica en el decreto aprobado el pasado viernes en el Consell por el cual se crea el nuevo Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), éste no podrá incrementar su gasto y, consecuentemente, tampoco el consolidado de la Generalitat.

Además, según las fuentes consultadas, es de esperar que suceda lo mismo con las otras tres entidades de derecho público conformadas para aunar a las empresas públicas que existían hasta el momento. Los cuatro «holdings» son: CulturArts, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), el IVAS y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE).

Es decir, que estas empresas tendrán que sobrevivir con el dinero que se les haya asignado para el ejercicio de 2013. El IVAS aúna lo que era hasta ahora el Instituto Valenciano de la Discapacidad (Ivadis) y la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa).

La prohibición de aumento del gasto se introduce en el decreto mediante una disposición adicional en la que se establece que la «implementación y posterior desarrollo de este decreto no podrá suponer un incremento de gasto en el presupuesto consolidado de la Generalitat. A tal efecto y por lo que se refiere a los gastos de personal, las adaptaciones que puedan realizarse, en el marco de la implantación de la estructura organizativa de la entidad, no podrán suponer incremento de coste en términos homogéneos».

Otra de las novedades que introduce el texto se refiere a la organización del ente. Concretamente, establece que en el Consejo de Dirección habrá un representante de la Conselleria con competencias en materia del Sector Público Empresarial, es decir, la de Hacienda, que será designada por el conseller del ramo, esto es, Juan Carlos Moragues, y que deberá tener, como mínimo, rango de director general de la Generalitat. La medida pretende que haya un mayor control económico de las cuentas de la empresa desde dentro.

Además, a las reuniones de dicho Consejo acudirá también, en tareas de asesoramiento jurídico, con voz pero sin voto, un representante de la Abogacía de la Generalitat y otro de la Corporación Pública Empresarial, es decir, la macro empresa pública que aglutina a las cuatro nuevas entidades de derecho público. El abogado de la Generalitat vigilará que todas las decisiones que se adopten en el Consejo se adapten a la normativa vigente.

En materia de personal, el decreto dicta, tal y como también se recoge en el de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero, que queda prohibido que esta entidad contrate a personal eventual.