El Plan Hidrológico del Júcar reabre una herida que nunca cicatrizó

El agua es un recurso limitado que tiene el poder de generar conflictos permanentes entre territorios. Así, el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), que salió recientemente a exposición pública, reabre una herida aparentemente cerrada pero que nunca llegó a cicatrizar.

La lucha de intereses mantiene viva la pugna entre diversos colectivos y sectores de la Comunitat Valenciana y de las regiones de la zona oriental de Castilla-La Mancha. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente abrió un plazo de seis meses para que los interesados puedan presentar sugerencias al borrador del plan.

Uno de los aspectos destacados dentro del nuevo proyecto es la rehabilitación del inoperativo trasvase Júcar-Vinalopó. Hasta ochenta hectómetros cúbicos pasarían a este segundo río.

El agua procedería de los sobrantes del curso bajo del Júcar, sin embargo, la reserva estipulada de setenta hectómetros cúbicos adicionales podría proceder de otras zonas del río.

Esto se debe a la sustitución en el nuevo plan del término «sobrante», que aseguraba que la procedencia del agua era del curso bajo, por el de «excedente». Este último concepto no concreta la zona del río de la que se tomaría el agua. De este modo, queda abierta la puerta para que se pueda coger agua de cualquier punto.

Las partes del conflicto

En principio, podría parecer que la medida solucionaría el principal problema entre los regantes de Valencia y Alicante. Desde hace años, los agricultores alicantinos deben contentarse con el agua trasvasada desde el Azud de la Marquesa, que califican de poca calidad al contener insecticidas. La posibilidad de tomar el agua de Cortes de Pallás, satisface así a los hortelanos alicantinos.

Sin embargo, los de Valencia rechazan las críticas sobre la calidad del agua, al alegar que es el mismo caudal que riega la huerta de la Ribera.

La secretaria de Xúquer Viu, Graciela Ferrer, afirmó a LA RAZÓN que la posibilidad de extraer agua en la parte alta del Júcar es «un peligro» ya que afecta a la sostenibilidad del ecosistema y puede dañar a la fauna y la flora hasta el punto de convertirlo en «un río muerto».

Además, Ferrer denunció que este plan no soluciona el problema de las cuencas intracomunitarias, mientras que la Generalitat alega que este proyecto mantiene el ámbito histórico de planificación y tiene en cuenta estas cuencas, que el plan socialista no contemplaba tal y como corroboró el recurso ganado que la Generalitat Valenciana interpuso al Gobierno socialista de Zapatero. Ferrer añadió que el plan simplemente responde a la «presión del lobby alicantino». El agua que se pide, según alegó, «es realmente para usos urbanos», con la intención de poder recalificar terrenos para edificar «y garantizar que los dueños de los chalés que se construyan tengan agua».

Dada la hostilidad de la coyuntura, el Consell se pronunció para afirmar que la gestión del agua se hará «en consenso» y matizó que son los regadíos tradicionales de La Ribera los que tienen prioridad frente a otros usos agrícolas.

Además del polémico trasvase, el proyecto contempla una mayor dotación hídrica para Valencia y su área metropolitana, con un aumento del 25 por ciento. L'Albufera pasaría a recibir 167 hectómetros cúbicos, un 67 por ciento más de lo que dispone en la actualidad.