El PP acusa al Consell de eliminar colegios concertados de los barrios más necesitados

«Donde más duele es donde él da». De esta manera se refería ayer la portavoz adjunta del PP en Les Corts, María José Català, al conseller de Educación, Vicent Marzà, a quien acusó de haber eliminado los colegios concertados de los barrios más «deprimidos» de Valencia. «Si quiere eliminar la concertada que lo haga, pero luego que no acuse al personal de estos colegios de elitistas».

Català explicó que no entiende cómo puede haber suprimido colegios de este tipo precisamente en las zonas en las que se atiende a niños con necesidades especiales. Con respecto al plurilingüismo en los colegios, indicó que el Consell «ha dado la estocada» a este decreto «por la puerta de atrás», al eliminar en el decreto de admisión de los colegios la consulta a los padres sobre el idioma en el que prefieren que estudien sus hijos.

Criticó que Marzà excluye a los padres «de la libertad soberana que les reconoce la Constitución» para elegir «cuestiones fundamentales como la educación de sus hijos».

Sin embargo, para la portavoz del Consell, Mónica Oltra, este asunto carece de importancia. Dijo que no son los padres quienes tienen que decidir el programa lingüístico de sus hijos, como tampoco eligen las horas que dan de matemáticas. «Esto debe determinarlo el centro, que es quien tiene criterio. Además, la Generalitat quiere que los escolares aprendan las dos lenguas cooficiales y dos extranjeras».

Català compareció junto al portavoz de economía del PP en la Cámara, Rubén Ibáñez, quien lamentó que el actual Consell «no tenga dinero para cumplir con el déficit» que marca el Gobierno central para este año, «pero sí para enchufar a los suyos».

A este respecto indicó que los cargos en Presidencia han pasado de 44 en el periodo del PP, a 180 en la actualidad. Añadió además que la vicepresidenta Oltra, critica cuando lo hacen sus socios de Gobierno, pero no cuando lo hace la gente de su partido.

Oltra dio cuenta de un acuerdo aprobado ayer por el pleno del Gobierno valenciano para intensificar el control y la transparencia en materia de contratación y gestión de personal del sector público. Además, defendió la contratación de la hija del alcalde de Valencia, Joan Ribó, en la empresa pública IVIA porque la beneficiaria cuenta con la titulación correspondiente y ha trabajado hasta en ocho ocasiones desde el año 2006. «No tiene por qué emigrar a Sebastopol».

La comparecencia de los diputados populares tenía como objetivo criticar la «mala gestión» presupuestaria de la Generalitat en materia de dependencia y violencia de género. Ibáñez explicó que las transferencias del Estado para la ley de dependencia han aumentando un 76 por ciento. «Oltra habla de políticas sociales cuando en la lucha contra la pobreza infantil la Generalitat ha reducido un 52 por ciento su presupuesto y en violencia de género toda la partida procede del Gobierno central».