Valencia

El PP afirma que Puig prioriza la defensa de los altos cargos al interés general

Denuncian que han cambiado de «tapadillo» la norma para defender a los imputados

La viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer San Segundo
La viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer San Segundolarazon

Denuncian que han cambiado de «tapadillo» la norma para defender a los imputados

Los funcionarios y los altos cargos del Consell volverán a contar con los servicios de la Abogacía de la Generalitat si se ven inmersos en un proceso judicial. La portavoz del PP en materia de Justicia, María José Ferrer San- Segundo, advirtió ayer de que esta modificación en la norma, en vigor desde enero de 2013, impedirá que la Generalitat pueda exigir responsabilidades penales o judiciales al cargo procesado.

La diputada popular explicó que si el Gobierno valenciano inicia la defensa de un empleado público no podrá personarse posteriormente. Así, aunque existiesen evidencias de que se hubiese cometido un delito no podría convertirse en acusación, «está prohibido para quien ha sido defensor». Es más, esta circunstancia podría provocar que los imputados pidiesen la nulidad del proceso penal. La consecuencia es clave, «está comprometiendo los intereses generales».

Ferrer San- Segundo avisa de que el Consell será responsable de las nulidades que puedan producirse en los procesos judiciales o de la imposibilidad de reclamar a los imputados.

Para el PP en este asunto cobran especial importancia las formas. Consideran que se ha engañado «trileramente» a los ciudadanos porque esta cuestión se ha introducido en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, un texto que no han podido enmendar el resto de partidos.

Además, la diputada incidió en que se ocultó que este «salvoconducto jurídico» beneficiaría tanto a funcionarios como a altos cargos. «Indagaremos para saber por qué se ha maniobrado en un cambio de criterio tan sorprendente».

Los populares remarcan también que el Consell no ha dicho la verdad cuando afirma que no se defenderá a funcionarios o altos cargos investigados por casos de corrupción, ya que la enmienda respaldada por PSPV y Compromís incluye los delitos contra la Administración Pública y bajo este nombre se incluyen «los delitos de cohecho, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a las autoridades o funcionarios, abusos en el ejercicio de su función, y todas la conductas previstas en los artículos 404 a 445 del Código Penal».

Por último, Ferrer San- Segundo lamentó que la preocupación por los funcionarios haya llegado en esta legislatura y que no existiese en la anterior.