El PP denuncia que el Consell para los proyectos que crean empleo

Bonig asegura que las luchas por las competencias en evaluación ambiental entre Obras Públicas y Agricultura frenan a los empresarios.

El 80 por ciento de los proyectos que generan empleo requieren de una evaluación ambiental. Según el decreto de organización de las Conselleries, la de Vivienda y Obras Públicas tiene competencia en la evaluación ambiental estratégica de planes y proyectos urbanísticos, y la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente la de evaluación ambiental, de manera genérica.

En la teoría puede quedar claro, pero no en la práctica. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien además, fue consellera de esta materia en el anterior Consell, aseguró ayer que esta es la causa de que empresarios y Ayuntamientos vuelvan sin respuestas de la Conselleria de Obras Públicas. «Nos están llamando para decirnos que no se aclaran con quién tiene las competencias».

Desde la Conselleria de Vivienda aseguraban ayer que no existe conflicto alguno y remarcaban que la evaluación ambiental pertenece a este Departamento.

Mientras, varias organizaciones ecologistas sumaban ayer más voces a esta polémica. Ecologistas en Acción y Acció Ecologista Agró exigían que sea Agricultura quien asuma la evaluación ambiental de los planes y proyectos urbanísticos. La primera calificaba de «confusa» la redacción del decreto del pasado mes de julio y la segunda rechaza que sea Vivienda quien se apropie de una herramienta «clave para la conservación del patrimonio natural».

Solo el reglamento de ambas Conselleries, que aún no se ha publicado, puede resolver esta polémica que mantiene enfrentadas a ambas Conselleries desde los primeros días de su constitución. Tal y como adelantó LA RAZÓN el 16 de julio, la Conselleria de Agricultura se mostró en contra de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Puerto Mediterráneo y aseguraban que les correspondía hacer la evaluación ambiental de la misma, afirmación que negaba Vivienda.

«Desastre, caos y paralización», así definía Bonig esta situación quien además acusaba al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de querer tapar con anuncios como el del recurso de la financiación todos estos problemas de un Consell que ayer ya no se reunió y que no volverá a convocar sesión plenaria hasta la última semana de agosto.

Bonig exhibió las sentencias que el Tribunal Constitucional ya ha fallado contra otras autonomías que han tratado de exigir por esta vía una mejora de la financiación. Aseguró que son demandas sin fundamento jurídico y que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sabe que no prosperarán. En cualquier caso, instó a Puig a incluir en su ofensiva judicial no sólo al actual presidente del Gobierno, sino también a Rodríguez Zapatero, que fue quien aprobó el actual modelo de financiación.

Sin servicio de Abogacía

La presidenta del PPCV lamentó que Puig haya tenido que pedirle a Bravo que estudie esta acción legal cuando quien debería hacerlo es la Abogacía de la Generalitat. «No se lo puede encargar porque todavía no han nombrado al responsable. La vicepresidenta Oltra dijo que quería controlar este departamento. Son sus luchas internas, no se fían».