El PP estudia imponer a Blasco la sanción máxima y expulsarlo

valencia- La Dirección del PP de la Comunitat Valenciana cree que las declaraciones del exconseller Rafael Blasco sobre su situación y, especialmente, sobre el presidente del partido y de la Generalitat, Alberto Fabra, contienen causa suficiente para una sanción, aunque la decisión dependerá del Comité de Derechos y Garantías, que se reunirá «más pronto que tarde», según informaron a LA RAZÓN fuentes de la Directiva.

Asimismo, apostaron incluso por una pena de expulsión aunque fuera temporal y añadieron que la convocatoria del órgano estatutario se producirá pronto y también la decisión que se adoptará de acuerdo con el procedimiento previsto en el Reglamento interno de la organización popular.

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, marcó ayer el camino que le espera a Blasco. Apuntó que las infracciones que el exconseller de Cooperación podría haber cometido acusando, en el programa «El cascabel al gato» de 13TV, al Gobierno valenciano de presionar a la Abogacía en el escrito de acusaciones que emitió contra él, podrían conllevar la expulsión.

Dijo que Blasco «falta a la verdad» y defendió la total independencia y profesionalidad de la Abogacía de la Generalitat que actúa «siguiendo criterios jurídicos». Explicó que la única decisión política que hay en todo este asunto fue la de personarse como acusación. A partir de ese momento, los servicios jurídicos actuaron con «total objetividad». El resultado de este trabajo concluyó con una petición de pena de once años de prisión para el ex conseller.

Se cumplía así la primera condición impuesta por el presidente Fabra para que Blasco dejara de pertenecer al grupo popular, la segunda es la apertura de juicio oral. Sin embargo, la aparición en televisión de Blasco ha precipitado los tiempos.

Según los Estatutos del PP, en cuya redacción participó el propio Fabra, un afiliado dejará de serlo por «manifestación pública de discrepancia grave con la ideología, principios o fines del partido, realizada en cualquier medio de difusión». También se le retirará el carné si comete una infracción «muy grave», siendo ésta el incurrir a «cualquier forma de corrupción», la «manifiesta deslealtad» y toda declaración que «descalifique» a la dirección. En caso de expulsión, el afectado podrá recurrir en el plazo de 15 días hábiles ante el Comité de Derechos y Garantías «aportando las pruebas que estime pertinentes». Si no prospera, quedará suspendido de militancia e inhabilitado para cargo orgánico.