El PP pide a Gabriela Bravo que aclare la «adjudicación a dedo» de las obras del TSJ

La portavoz de Justicia del PP en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, presentó ayer una batería de iniciativas con numerosas preguntas y solicitudes de documentación, requiriendo a la consellera Gabriela Bravo información sobre la adjudicación «a dedo» a Tragsa del proyecto y obras de la remodelación del TSJCV. Esta encomienda de gestión directa, eludiendo la libre competencia competitiva de un sector tan precarizado y necesitado de trabajo como el de la edificación, ha sido denunciada por organizaciones como la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV) o la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, y también en el nacional.

Así, la diputada desveló que el pasado 21 de diciembre la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) impugnó la actuación de la consellera Bravo ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, solicitando la Nulidad de la Encomienda, e instando además, como medida cautelar, la suspensión de todo el procedimiento de adjudicación del proyecto y obras de adecuación del TSJCV.

Ferrer San-Segundo advirtió sobre las consecuencias «de la paralización y considerable retraso que puede sufrir la rehabilitación integral del TSJ de prosperar las impugnaciones formuladas contra la adjudicación directa a la empresa Tragsa, por utilizar de forma abusiva» esta forma excepcional y «a dedo» de contratación.

En su opinión «el sector productivo privado está capacitado para realizar estas obras con eficacia y eficiencia y se preguntó si se han tomado medidas para paliar esa previsible demora en la realización de las obras, y asumir la responsabilidad, si se declara la ilegalidad de la adjudicación denunciada.

Concretamente, San-Segundo requiere contestación a la consellera Bravo de por qué ha adjudicado de forma directa, sin licitación para permitir la concurrencia, la ejecución de las obras en el TSJ, cuando la declarada desierta fue solo para el proyecto.

También pregunta si una de las razones de la adjudicación a Tragsa ha sido eludir abonar el IVA y cómo se ha determinado el precio de las obras sin tener el proyecto -puesto que ambas actuaciones se han licitado a la vez- si se va a revocar la encomienda, tal y como se ha solicitado por distintas organizaciones representativas, para no perjudicar con más demoras las obras de adecuación del TSJ.

También inquiere cuánto más va a costar a la Generalitat Valenciana el haber encomendado la obra a Tragsa, con un precio superior al de la baja media en el mercado.

Solicitud de expediente completo

Además, la portavoz de Justicia solicitó toda la documentación sobre el asunto, como el expediente completo de contratación declarado desierto y el de la encomienda de gestión a TRAGSA firmada por la propia consellera Bravo el 5 de diciembre de 2018, o la Carta dirigida por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana también al president Ximo Puig, instando la revocación del encargo.

Asimismo, ha requerido los informes recabados por la Conselleria de Justicia -si es que lo ha hecho- “antes de firmar” el encargo directo, “para que quedara acreditada la necesidad de recurrir a esta vía de contratación excepcional” en lugar de aplicar la Ley de Contratos del Sector Público. Y “para comprobar que TRAGSA disponga de medios técnicos, personales y materiales propios, suficientes e idóneos, para realizar el proyecto y las obras del TSJCV sin incidencias ni dilaciones, y que estos servicios están dentro de su objeto social”.

La diputada popular resaltó, especialmente, que ha requerido a la Conselleria “que certifique que la entidad adjudicataria cumple todos los requisitos y exigencias en cuanto a solvencia técnica, económica y profesional, impuestos en la convocatoria del Expediente de Contratación inicial que fue declarado desierta”, porque “de otra forma -ha razonado- estaríamos ante una adjudicación arbitraria y en fraude de ley”.

“Vamos a llegar hasta el final para que la sociedad, y quienes intervienen en la Administración de Justicia, conozcan las interioridades de una contratación, que se convocó con exigencias imposibles para poder declararla ‘desierta’ y habilitar la adjudicación ‘a dedo’, examinando el alcance de las denuncias públicas sobre posibles irregularidades” - señaló la diputada. “Y, por supuesto, en cuanto a la responsabilidades, jurídicas y políticas, de la consellera Bravo, si todo ello provoca la paralización y retraso en la tan necesaria obra de rehabilitación del TSJ, concluyó