El PP pide la retirada de la Oficina Lingüística «copiada de Cataluña»

Contelles lleva una moción al pleno de la Diputación y advierte de que el decreto provoca indefensión

El grupo popular de la Diputación de Valencia presentará en el pleno de mañana una moción para pedir la retirada del proyecto de decreto del Consell por el que se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL). «No queremos modelos copiados de otros territorios, como Cataluña, donde el resultado no ha sido la convivencia pacífica de lenguas, que es en nuestra Comunitat la regla, no la excepción» y rechaza esta norma que conllevará «imposición y división».

La portavoz popular Mari Carmen Contelles pedirá, mediante esta moción, que el Consell se abstenga de establecer normas de control lingüístico que incluyan en su ámbito de aplicación a las Administraciones locales, puesto que «limitan la autonomía municipal».

La propuesta defiende la igualdad de las dos lenguas oficiales, el castellano y el valenciano, «sin imponer prevalencias de alguna de ellas, y por tanto, de unos ciudadanos sobre otros, especialmente en las relaciones físicas o jurídicas privadas».

Los populares inciden en que la Oficina de Derechos Lingüísticos se basa en afirmaciones que no corresponden a la realidad, como «asegurar que en la Comunitat Valenciana muy a menudo la ciudadanía no puede hacer uso de su opción lingüística», o que de manera frecuente, los derechos lingüísticos se ven sometidos «a condiciones de vulnerabilidad tanto en las relaciones con la Administración local, autonómica o del Estado, como también en las relaciones privadas».

El texto de la moción destaca que el preámbulo justifica el decreto por «las muestras de hostilidad o de discriminación grave contra las personas que se expresan en valenciano». Sin embargo, los populares defienden que el pueblo valenciano «se ha caracterizado por la tolerancia en la convivencia pacífica de lenguas».

El PP incide en que también hay cuestiones jurídicas que no están claras. Afirman que el decreto extiende la aplicación de la norma a las personas físicas y jurídicas privadas y habilita a la ODL a adoptar medidas en el ámbito privado. «Intervenir en las relaciones personales es una discriminación que está prohibida».

En este sentido afirman que el decreto no delitima las conductas consideradas como una vulneración de derechos lingüísticos. «Las personas no sabrán por qué van a poder ser reprobados».

Por último, rechazan la creación de una oficina para tramitar denuncias y corregir a los establecimientos por no emplear el valenciano.