El retraso de las ayudas a las VPO puede hacer que éstas prescriban

Los retrasos en el pago de las ayudas que en su día se concedieron para el acceso a viviendas de protección oficial (vpo) están afectando actualmente en la Comunitat Valenciana a 50.000 personas, o a muchas más si se tiene en cuenta que detrás de cada solicitud de ayuda para comprar una casa de este tipo, suele haber una familia.

La cifra que en estos momentos se adeuda supera los 250 millones de euros.

Estos datos han sido facilitados a LA RAZÓN por miembros de la recién creada Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana.

Esta ayuda para el acceso a la vivienda de protección oficial era concedida por la Administración autonómica si se cumplían un buen número de requisitos y se completaba un complejo trámite administrativo.

Pero ya va a hacer cuatro años que estas ayudas se están demorando, y en muchos casos, su pago no llega.

Hay dos tipos de afectados por estos retrasos. Los que tienen la ayuda concedida y no les llega, que deben hacer malabarismos económicos al no disponer de facto de un dinero que daban por seguro al haber sido concedido mediante resolución administrativa. Y hay otro segundo caso, si cabe más gravoso, que son aquellos que optaron por recibir esta ayuda mediante el adelanto concedido por un banco. Esta entidad bancaria estaba conveniada con la Generalitat y, dado que la ayuda estaba concedida, a nadie se le negaba. Pero el suscriptor de esta especie de póliza de crédito era el particular, no la Administración, y al no pagar la susodicha, los bancos han reclamado a los particulares, no solo la cantidad de la ayuda, sino también los intereses devengados por el tiempo trascurrido. Algunas entidades bancarias han aceptado renegociar la deuda convirtiéndola en un préstamo personal al interés gravoso que ello supone.

Además, los afectados no pueden disponer de sus viviendas pues al ser «vpo» no las pueden vender hasta dentro de 30 años. Tampoco puede negociar sus deudas con otras entidades, pues la Generalitat marcaba qué entidad adelantaba las ayudas.

Pronto se cumplirán cuatro años de la concesión de las primeras ayudas, que es el plazo que marca la Ley de Hacienda Pública para su prescripción, si no se reclama. Por eso los afectados se han constituido en plataforma para tratar de ejercer presión y que se les pague la cantidad que se les concedió y que se les adeuda.

Algunos de ellos explicaron a LA RAZÓN que su casa, en la que habían puesto todas sus expectativas, sus ahorros, y su ilusión, se ha convertido ahora en un auténtico infierno, y coinciden en que nunca hubieran optado a este tipo de viviendas si hubieran sabido que la ayuda se iba a retrasar, con riesgo incluso de perderla.

Aseguran que las condiciones que se deben cumplir para acceder a la «vpo» son muy rigurosas y que las condiciones de financiación son ahora mucho peor que en el mercado privado.

El pasado 19 de diciembre, la plataforma de afectados presentó 200 reclamaciones ante el Síndic de Greuges y han pedido reiteradamente audiencia tanto con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, como con la consellera Bonig.

Conscientes de la situación actual de crisis, no reclaman el pago inmediato de las ayudas, pero sí un compromiso de un calendario de pagos que pueda aplacar a los bancos.