Comunitat Valenciana
El síndic denuncia fraccionamiento indebido en compras hospitalarias
Además señala que en algunos contratos menores no se piden tres presupuestos, como marca la Ley
Además señala que en algunos contratos menores no se piden tres presupuestos, como marca la Ley
Gran parte de las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios en los centros hospitalarios de la Generalitat se realiza mediante «fraccionamiento indebido del objeto de los contratos», vulnerando de esta manera el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Así lo señala el informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2015, que denuncia además que la compra de este tipo de productos se tramita, en un volumen importante, como contratos menores a través del sistema de cajas fijas. En el caso de los medicamentos se utiliza el método de compra directa, incumpliéndose, señala el informe, la normativa aplicable, tanto de contratación como de cajas fijas.
También en Conselleries
Pero no es una práctica que se produzca únicamente en los centros hospitalarios. Según el documento, en la revisión de una muestra de los contratos menores en Conselleries (aparte de en hospitales) se ha observado una «insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad del objeto del contrato y fraccionamiento indebido del objeto de los contratos». Además, continúa, en los contratos menores de los hospitales se ha observado que no siempre se acredita en los expedientes la solicitud de tres presupuestos en los supuestos requeridos por la Ley 5/2013 de la Generalitat, ni la comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat (ROCG).
En todo caso, el ente estatutario denuncia que no se han comunicado en el plazo establecido todos los contratos celebrados durante 2015 susceptibles de inscripción. Añade que, con carácter general, en los expedientes no consta una justificación documental adecuada sobre la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar los contratos.
Otra de las salvedades que observa el síndic en el informe, esta mucho más conocida por todos, es que los pagos de las facturas de los contratos revisados se realizan, en un porcentaje importante, con posterioridad al plazo establecido por la Ley. Además, se producen «retrasos significativos» en la confección de las liquidaciones anuales en todos los contratos de concesión de asistencias sanitarias integrales, sin que conste en los expedientes las causas e imputabilidad de la demora.
Y por supuesto las «facturas en los cajones» siguen apareciendo en las cuentas de la Generalitat de 2015. El informe de la Sindicatura de Cuentas señala que figuran 871,2 millones en esta partida (cuenta 409), de los que 483 corresponden en su mayor parte a facturas de la Conselleria de Sanidad.
Por todo ello, el síndic de Comptes, Vicente Cucarella, en su primer análisis desde que llegó al cargo, realiza a la Generalitat una serie de recomendaciones o en algunos casos les recuerda que siguen sin corregirse indicaciones anteriores. Es el caso de la necesidad de que se dote a la Conselleria de Sanidad del presupuesto suficiente y adecuado a todos los gastos «previsibles e ineludibles», de forma que los responsables de los centros hospitalarios puedan planificar el ejercicio de una forma realista, algo que en la actualidad, por lo visto, no sucede.
En relación con los contratos menores, el documento insta a reducir su volumen y, en particular, las adquisiciones realizadas mediante compra directa, sobre todo de productos farmacéuticos. Se recomienda además mejorar los procedimientos de los centros en relación con el adecuado registro, control y seguimiento de este tipo de contratos, implantando para ello una aplicación informática que registre todos los expedientes tramitados como contratos menores.
Pero lo cierto es que todo esto queda simplemente en advertencias que nunca llegan a más, puesto que la institución carece de potestad sancionadora de ningún tipo.
Por ello, Cucarella instó ayer a Les Corts Valencianes a dotar de capacidad sancionadora a la Sindicatura y a «reforzar el deber de colaboración» y ampliarlo a aquellas empresas o personas privadas relacionadas con contratos públicos.El síndico compareció en Comisión parlamentaria, dentro del procedimiento para modificar la Ley de la Sindicatura de Comptes, donde abogó por «seguir incrementando la independencia» de esta institución estatutaria.
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