El suma y sigue de imputaciones de la financiación ilegal del PSPV

Los socialistas defienden su actuación y no han apartado a ningún investigado del partido, mientras que en el Bloc ha habido una renuncia temporal, a pesar de que no han recibido citaciones judiciales

Los primeros pasos de la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PSPV y del Bloc durante la campaña electoral de 2007 y 2011 suman ya 26 investigados, tras las últimas imputaciones conocidas el pasado viernes, una cifra que a buen seguro irá aumentando a medida que avance el trabajo en los cuatro juzgados en los que Instrucción número 21 de Valencia repartió la causa.

Entre los imputados hay dos cargos públicos en activo. Se trata del ex alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ahora concejal y diputado provincial, investigado por el juzgado de esa localidad. Tendrá que explicar por qué adjudicó el contrato de los «opinómetros» a Opino Media, una empresa formada por el mismo equipo de Crespo Gomar. En aquel momento, el responsable de la empresa era José Ramón Tíller. Hoy es director de Expansión y Comunicación de la empresa pública Egevasa, dependiente de la Diputación de Valencia. Fue diputado del PSPV en 1991.

Opino Media consiguió 300.000 euros del Plan E para instalar 19 máquinas que servían para medir la opinión de los ciudadanos sobre determinadas cuestiones. También se ha llamado a declarar a la exdirectora general de Consumo del Ministerio de Sanidad Etelvina Andreu. En este caso, ha sido un juzgado de Madrid quien la llama por su relación con un contrato de publicidad que pudo servir para financiar al PSPV. El resto de imputados son funcionarios y ex altos cargos del Ministerio de Vivienda. Las primeras declaraciones de los responsables de las Mesas de Contratación se produjeron el viernes.

Apartado sin imputación

La presión ejercida por Podemos sobre sus socios del Pacte del Botànic solo ha servido para apartar a una de las personas señaladas en la investigación. Se trata del asesor del presidente de Les Corts, Enric Morera, dirigente del Bloc en la época señalada. Lluís Miquel Campos, un histórico del partido, solicitó una excedencia para preparar su comparecencia en el Senado el próximo día 24.

Su nombre aparece en uno de los correos en los que la Policía ha basado su investigación y que hacen sospechar que hubo empresas que pagaron actos de campaña a trabajos que realizó Crespo Gomar.

El hecho de que Campos haya quedado ya señalado no ha gustado a una parte de Compromís. Algunos echan en falta el apoyo que el PSPV está dando a sus cargos implicados y apuntan a que en realidad, quieren aprovechar esta situación para hacer una «limpieza» en el partido. La vieja guardia del Bloc está representada en Morera y, por extensión, en sus colaboradores. Dicen que la nueva dirección del Bloc, encabezada por Águeda Micó, ha encontrado un pretexto para hacer borrón y cuenta nueva.

El informe sobre el «pelotazo» de Gandia

Un informe del Ayuntamiento de Gandia valida la subvención a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. El documento, con fecha de 28 abril de 2009, avala que se diese a esta entidad la mitad del valor de la compra (257.250 euros) del local de la Federación, entidad de la que formaba parte de la Junta Directiva el hermano de un concejal del Ayuntamiento, el socialista Antoni Gomar. Además, el inmueble pertenecía a su yerno en el momento de la compra. El alcalde era José Manuel Orengo, actual asesor de Puig y el Bloc votó a favor. Este «pelotazo» también está en la causa.