El tripartito de Les Corts y Ciudadanos habilitan el mes de enero a su medida

La junta de Síndics de ayer decidió habilitar de «forma excepcional» el mes de enero para que continúe la actividad parlamentaria. Compromís, Podemos, PSPV y Ciudadanos tuvieron que hacer encaje de bolillos para evidenciar que no estaban copiando la propuesta que había solicitado el PP ya hace quince días, y añadieron la coletilla de extraordinaria a la habilitación del mes de enero, para diferenciarla de la «ordinaria» que pretendía el PP.

De este modo, además, mataban dos pájaros de un tiro, ya que el carácter extraordinario de la habilitación supone que se han decidir los temas para los que el mes de enero será hábil. Y el criterio de la inclusión de temas no fue otro que el rodillo de la mayoría absoluta del tripartito, aplaudido por Ciudadanos.

Así, durante el mes de enero se celebrará un pleno ordinario, los días 13 y 14, con sesión de control al presidente, pero no se habilitará para el control parlamentario ordinario que esperará hasta febrero.

Además, se constituirán las comisiones de investigación sobre el accidente del metro el 3 de julio de 2006, la adjudicación de las plazas de residencias para dependientes en las instalaciones de la familia Cotino, la contaminación de los acuíferos que abastecen a la comarca de la Ribera y la gestión de las instituciones feriales de la Comunitat. Todas ellas ponen la lupa sobre la gestión del PP en pasadas legislaturas.

También se constituirán las nuevas comisiones que no están formadas como la de reforma del Estatuto de Autonomía, las Políticas de igualdad de género y del colectivo LGTBi, y los Derechos Humanos.

Sin embargo, los parlamentarios no tendrán tiempo para constituir la Comisión de investigación solicitada por el PP sobre la línea directa de subvención a Carns de Morella, incluida en los presupuestos de 2016.

Por otra parte, tras la Junta de síndics los grupos del PSPV y Compromís aprovecharon la cita con la prensa para formular sendas denuncias.

El PSPV mostró el contrato por el que el PP alquiló el Ágora, el pasado día 21 de mayo de 2014 para celebrar un mitin de Mariano Rajoy, y pagaba por dicha instalación cinco mil euros, cuando el precio que aparecía en tarifa en aquél entonces era de 25.000 euros.

Por su parte, Fran Ferri, de Compromís, informó de que las conselleries afectadas (Educación, Solidaridad y Medio Ambiente) no encontraban los informes realizados por la empresa Eico, de Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica, y por los que pagaron 61.403 euros.