Fabra dimite de Aerocas tras la apertura de juicio oral

El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, dimitió ayer de la presidencia de Aerocas, la empresa pública que gestiona el Aeropuerto de Castellón, tras la apertura de juicio oral contra su persona.

Fabra abandonó su cargo siguiendo la política de renunciar tras la apertura de juicio oral, circunstancia que él mismo anunció tiempo atrás. Después de hablar y comunicárselo al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hizo pública su decisión. Sin demora, por la tarde su supo que su sustituto será el vicepresidente del Consell, José Císcar, quien es el máximo responsable de la Comisión constituida para vender empresas públicas, entre las que figura el aeropuerto de Castellón.

Carlos Fabra será juzgado por dos supuestos delitos continuados de cohecho y tráfico de influencias, y otros cuatro más de fraude fiscal, acusado de haber utilizado su posición política para agilizar la aprobación de productos de una empresa fitosanitaria.

Su decisión, según expresó el afectado, es «irrevocable» y recordó que así se comprometió en su momento en el caso de que se abriese juicio oral contra él. «A partir de ahora, me sentiré más libre y ya veré por qué camino van mis decisiones futuras». El Juzgado de Instrucción número 15 de Nules decretó ayer, en una resolución contra la que no cabe recurso, la apertura de juicio oral contra el que también fue presidente provincial del PP de Castellón y de la Diputación.

El auto mantiene la fianza de 4,2 millones que se le impuso e insta a la Audiencia de Castellón a fijar la fecha de la vista oral, ya que es este órgano el competente para juzgarle. La resolución llega un mes después de que el Tribunal Supremo amparara al Juzgado de instrucción permitiéndole decretar la apertura del juicio «con absoluta libertad de criterio», desautorizando así a la Audiencia Provincial, que entendió que el delito de cohecho -uno de los que se le imputan- debía quedar fuera de esta causa.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular solicitan penas de entre 15 y 20 años de prisión. También será juzgada su ex esposa, Amparo Fernández, el empresario que le denunció, Vicente Vilar, y la ex mujer de este, Monserrat Vives.