Gobernar para todos

Peter Ferdinand Drucke, filósofo austriaco, defendía «la educación ya no puede ser de propiedad exclusiva del Estado». La frase viene a cuento por las declaraciones que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciando que el Consell recurrirá la sentencia del TSJ que anula parcialmente el decreto regulador de la enseñanza concertada. La razón, según afirmó «porque hay plazas suficientes en el bachillerato público».

Estimado presidente, la cuestión no es que haya plazas públicas libres. El asunto está en gobernar para el interés de los ciudadanos. Si estos, como demuestran, prefieren colegios concertados a públicos, pienso que la obligación es concedérselas. Lo contrario es atentar contra la libertad de los padres a elegir los colegios y la educación de sus hijos. Eso debería ser sagrado. Si además la tesis es ratificada por la Justicia, es lo que debe primar en un Estado de Derecho.

El «quid» de la cuestión estriba en que la ideología radical, marxista, como la que impera en Compromís, partido en el que milita el conseller del ramo Vicent Marzà, tiene como objetivo el control de la enseñanza desde la infantil a la universitaria, pasando por la secundaria y el bachillerato. ¿Para qué? La respuesta es sencilla.

Me da la impresión de que el actual Gobierno valenciano, por una parte, confía demasiado en sus fuerzas para implantar sus tesis en las escuelas. Por otra, desprecia la potencia de la sociedad, al menos de la parte que está disconforme con esa política de abolir los conciertos para implantar lo público de forma exclusiva. Grave error como norma y especialmente en este terreno tan esencial para las personas. Pienso que Marzà, con la aquiescencia del presidente, está tensando demasiado la cuerda. No falta mucho tiempo para comprobarlo. Así es la vida.