Hacienda dice que sólo ha pedido información sobre la EMT, no su cierre

La ley prevé una moratoria en caso de empresas de transporte público hasta el 1 de diciembre de 2016

El Ministerio de Hacienda destaca que en las cartas remitidas a varios ayuntamientos sobre la situación de entidades públicas locales en situación de desequilibrio financiero lo que se hace es un requerimiento «de información, no de supresión». Además, subraya la existencia de un plazo para presentar alegaciones que paraliza el procedimiento y que los propios consistorios pueden destinar fondos a las empresas públicas deficitarias, por lo que «en ningún caso» tiene que dejarse de prestar el servicio a los ciudadanos.

Por lo tanto sería erróneas las interpretaciones hechas por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y secundadas por dirigentes del tripartito en las que acusaban al ministro Montoro de exigir el cierre de la EMT.

La propia carta remitida por el Ministerio al alcalde de Valencia comienza mencionando «el apartado dos de la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», que -de haberse leído- dice claramente que «los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 (para aportaciones de capital) y el 1 de diciembre de 2016 (para la disolución automática), respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros», que sería el caso que atañe a la EMT.

Por lo tanto, difícil es que en la carta se pida el cierre cuando la misma misiva se refiere al artículo que establece estas moratorias. Eso sí, con un lenguaje administrativo ciertamente enrevesado. Como suele suceder.

Desde el Departamento que dirige Cristóbal Montoro incidieron en que lo que se ha hecho es un requerimiento «de información» en cumplimiento de las competencias de seguimiento y control de información sobre las estructuras públicas locales que tiene el Ministerio en virtud de Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y desde la voluntad de «dar el mejor servicio a los intereses ciudadanos».