Impulso de la innovación para mejorar la calidad de vida

Siete Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana firmaron un acuerdo para impulsar la innovación en sus municipios a través de acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, y que en el caso de Valencia se centrará en actualizar el modelo de ciudad inteligente y los servicios públicos.

Los alcaldes de estos municipios, en presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, suscribieron un acuerdo de intenciones para constituir la Asociación Valenciana de Ciudades Innovadoras RedInnpulso CV. Estos Consistorios son Salinas, Ontinyent, Vila-real, Valencia, Gata de Gorgos, Alzira y Alcoi, que trabajarán conjuntamente en innovación poniendo el foco en la competitividad desde la mejora de las capacidades y un clima de negocio propicio, según el alcalde de Ontinyent y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

El alcalde Joan Ribó recordó que el Centro de Tráfico, el Ciclo de gestión del agua y la iniciativa de ciudad inteligente son ejemplos de la apuesta que desde hace unos años se realiza en Valencia, pero «queda mucho por hacer». Asimismo indicó que la innovación se tiene que ejecutar desde la perspectiva de que revierta directamente en la ciudadanía. Según Ribó, el equipo de gobierno quiere que la capital del Turia se convierta en un referente en movilidad urbana sostenible, en el uso eficiente de energía y agua y en su relación con la huerta, entre otros aspectos.

En este sentido, el alcalde anunció la creación de un nuevo ente dependiente del Ayuntamiento en el que también participará la Administración pública y sectores económicos y sociales, para impulsar la política de innovación.

El presidente de la Generalitat señaló que el acuerdo de intenciones firmado ayer es una alianza para impulsar un proceso de la innovación «que ha de impregnar nuestra acción», y afirmó que los Ayuntamientos no están para competir sino para cooperar.

Tras recordar que el Consell creará la Agencia Valenciana de Innovación, Puig criticó la política de recortes que exige a España la Unión Europea, si bien aseguró que la gestión debe ser «buena y estar fiscalizada».