Imputa a los exconsejeros del BV por presunta falsedad contable

Los antiguos trece miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia (BV) han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, al atribuirles indicios de un presunto delito de falsedad contable referente a las cuentas de 2009, que fueron aprobadas en 2010. También imputa al socio de Deloitte encargado de auditar las citadas cuentas.

El magistrado razona su decisión en la necesidad de que los imputados presten declaración para explicar la diferencia de cálculo de provisiones entre las cuentas aprobadas y revisadas y el realizado por la inspección del Banco de España (BE).

La relación de imputados se refiere al expresidente de la entidad financiera, José Luis Olivas, al exconsejero delegado, Domingo Parra, y a los consejeros Antonio José Tirado, Celestino Aznar, Agnes Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra y Pedro Muñoz y el auditor Miguel Monferrer.

José Luis Olivas y Domingo Parra ya se encontraban imputados en la pieza principal que instruye Pedraz y en alguna de las otras nueve querellas por presuntas irregularidades que ha admitido a trámite hasta ahora.

El origen de la imputación se basa en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) fechado el pasado mes de agosto en el que se analizaba la documentación analizada por el Banco de España sobre sus actividades de supervisión de la entidad desde el año 2007. De ahí partió la petición de la Fiscalía.

El auto señala, según Efe, que los informes de inspección del supervisor respecto a los estados financieros de la entidad a 30 de septiembre de 2008 ya mencionaban numerosas deficiencias en la gestión de riesgo del crédito. Éstas se referían a la toma de decisiones con el objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, y estimaba un déficit específico de provisiones de 177 millones.

«Quiere decir esto que resulta pertinente y necesario ampliar la inicial imputación de falsedad contable al ejercicio anterior al terminado el 31-XII-2010», señala el juez, que añade que tanto si el cálculo del BE es correcto como si el efecto negativo en resultados es incluso superior al señalado, los consejeros y el auditor deberán dar explicaciones».

Por ello, ordena en su auto al BE que explique cómo se ha obtenido el exceso de provisión genérico por un importe de 308,54 millones de euros con el que se compensa el déficit de coberturas de 420,41 millones.

También le pregunta si las anomalías detectadas en las bases de datos y ficheros del BV podrían estar relacionadas con la reclasificación a activos dudosos por 141 millones de euros y el ajuste de la provisión por insolvencias por 233 millones.