La Abogacía instó a no separar los informes ambientales de urbanismo

La Abogacía de la Generalitat emitió un informe el pasado mes de agosto para dar base legal a la pugna de competencias entre la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio y la de Agricultura, Medio Ambiente y Agua. En el citado documento recomienda no separar las competencias en las materias de ordenación de territorio, en las que deben encuadrarse las relativas a las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y al paisaje, y la evaluación ambiental estratégica de planes y programas. Deben ser «inescindibles», concluye.

La organización y creación de Generalitat atribuyó a las dos Conselleries citadas anteriormente competencias muy similares. A la primera, de la que depende la Secretaría Autonómica de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, las materias en evaluación ambiental y de proyectos, ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y coordinación territorial e inspección del urbanismo. Todas están asignadas en la Dirección General de Evaluación Urbanística, Territorial y Ambiental del Planeamiento.

A la segunda, bajo la responsabilidad de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático, asocia las materias en evaluación ambiental, calidad ambiental, prevención y control integrado de la contaminación, paisaje, ordenación, planificación y actuaciones territoriales estratégicas. Para estas competencias creó la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental.La Abogacía advierte de algo que es obvio. Existen duplicidades entre Conselleries, cuestión que debe evitarse para no caer en el riesgo de paralizar la acción administrativa.

De hecho, los choques entre ambos Departamentos se produjeron con la Generalitat recién estrenada y con motivo de la ATE Puerto Mediterráneo. ¿Quién tenía la competencia de emitir la evaluación ambiental del mismo? Ambas Conselleries se arrogaban la tarea y lo que fue todavía más llamativo, cada una se inclinaba por pronunciamientos claramente distintos.

Desde Vivienda, al frente de la cual está la diputada socialista, María José Salvador, se mantenía total prudencia y respeto por el proyecto. Desde Medioambiente, dirigida por la independiente Elena Cebrián, pero marcada políticamente por uno de sus secretarios autonómicos, Julià Álvaro, (líder de Els Verds País Valencià, partido que forma parte de Compromís), se reconocía abiertamente que estos proyectos no estaban dentro del modelo de desarrollo compartido.

La balanza cayó finalmente del lado de Compromís. El Consell decidió atribuir las competencias de evaluación ambiental de todos los proyectos en la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, aunque mantiene en Vivienda las referentes a la ordenación del territorio.

Esta decisión, que no es ilegal, sí contradice los principios de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), la Directiva de Evaluación Ambiental y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Todas estas normas inciden en que para que los aspectos medioambientales se incorporen desde un primer momento en un desarrollo urbanístico es recomendable tramitarlo en un único procedimiento.

Reducir el impacto de la decisión

El director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando, admitió el pasado miércoles en el Colegio de Arquitectos que la separación de ambas materias puede producir «disfunciones en la gestión y retrasar los procesos». Por esta razón, aseguró que se van a usar criterios de funcionalidad. Para suavizar la crítica, dijo que las declaraciones de impacto ambiental tendrán el máximo rigor.