Tribunales

La Audiencia revoca la personación del Ayuntamiento en la causa Imelsa

El juez ya vetó la personación del Ayuntamiento como acusación particular si bien, la Audiencia le reprocha ahora la invitación que le hizo para que se personara como popular

El Gobierno municipal no podrá ejercer la acusación popular contra sus propios concejales, en este caso del PP
El Gobierno municipal no podrá ejercer la acusación popular contra sus propios concejales, en este caso del PPlarazon

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha rechazado la personación del Ayuntamiento de Valencia como acusación popular, enmendando así la plana a la decisión del juez de Instrucción 18 que investiga la causa y que recomendó al Ayuntamiento esa personación.

Así, la Audiencia estima parcialmente el recurso de la concejal Beatriz Simón, imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales, contra el auto que dio al Ayuntamiento la posibilidad de solicitar personarse como acción popular tras rechazar su solicitud para ser acusación particular.

El Tribunal considera que el Ayuntamiento, como persona jurídica, no puede personarse como acusación popular en la pieza separada del «Caso Imelsa», en la que se investigan las donaciones de mil euros por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido, aunque todos los afectados lo han negado, para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

«La acción popular es una concesión a la participación del pueblo en la Justicia; no a la participación de más poderes en la Justicia», razona el Tribunal en una resolución notificada ayer.

La Sala apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional para concluir que la acción pública penal pertenece, como mantenía la edil recurrente, al Ministerio Fiscal.

En este sentido, el fiscal informó positivamente del recurso presentado por la defensa de Simón, y explicó a LA RAZÓN, como ya fue publicado, que la personación de las Administraciones es algo que solo está previsto en casos de violencia de género, pero que por extensión había sido intentado en otras causas que, como ésta, no tiene nada que ver. En cualquier caso, el Supremo siempre ha sido contundente a la hora de defender que la acusación popular corresponde a los ciudadanos.

El auto dio ánimos a los asesores del PP suspendidos de empleo y sueldo pues si el Ayuntamiento no es perjudicado, difícil es aplicar medidas disciplinarias.