La empresa que limpia la Ciudad de la Justicia amenaza con dejar de hacerlo

La empresa que limpia y mantiene la Ciudad de la Justicia ha interpuesto un Contencioso contra la Generalitat valenciana por el impago de los servicios que desarrolla en la sede de los juzgados de Valencia.

Hasta el momento no ha trascendido el montante de la deuda contraída, ni el momento en que esta nace. Lo que sí ha podido averiguar LA RAZÓN es que los intereses de la misma rondarían los 600.000 euros.

Este sería uno más de los impagos que afrontaría la Generalitat, pero sin duda sería una mora sensible habida cuenta de la importancia social de la sede de los tribunales por donde pasan todos los días miles de valencianos entre funcionarios, profesionales y ciudadanos inmersos en procesos judiciales.

La empresa, que ha presentado demanda contenciosa administrativa, indica que sus servicios pueden dejar de prestarse al no poder aguantar más sin el cobro de la cantidad fijada en su día en el concurso.

Cabe señalar que los trabajos de limpieza de la Ciudad de la Justicia de Valencia no solo engloban el enorme edificio que agrupa la mayoría de los juzgados en la avenida de El Saler, sino también el TSJ y otras sedes. Pero dentro del citado macro edificio judicial, la empresa limpia también áreas especiales como calabozos, morgue o salas de autopsias.

Los impagos de la Justicia han tenido amplia repercusión cuando se han producido, hasta la fecha en otros ámbitos, como fue la estafeta de Correos de la propia Ciudad de la Justicia.

El servicio de Correos se suspendió durante un tiempo por el impago que la Conselleria mantenía con la empresa estatal.

Cabe señalar que los señalamientos y todo tipo de notificaciones se envían por correo y que la no recepción de los mismos no solo suspende el proceso judicial en marcha sino que puede dejarlo sin efecto después de un tiempo.

En el caso del contrato de limpieza, se da la circunstancia de que el mismo sale a concurso público y es adjudicado a una de las empresas licitadoras.

Dado el importe del mismo, la firma que rubrica el compromiso suele ser la del propio conseller por lo que ahora mismo se estudia si dicho Contencioso ha de seguir el trámite ordinario de este tipo de demandas o bien debe ser elevado al Tribunal Superior de Justicia habida cuenta de que el firmante del mismo por parte de la administración puede ser un aforado o un miembro del Gobierno.