Comunitat Valenciana

La Fiscalía no ve delito en las preguntas de Vox sobre subvenciones al colectivo LGTBI

El presidente de Les Corts tramitará la petición de información solicitada

La diputada Ángeles Criado (Vox) presentó la iniciativa el pasado 1 de julio
La diputada Ángeles Criado (Vox) presentó la iniciativa el pasado 1 de juliolarazon

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha señalado, respecto a la pregunta formulada por el presidente de Les Corts, sobre la posible ilegalidad de una pregunta de Vox en la que solicita información sobre subvenciones al colectivo LGTBI, que “no se desprenden indicios de la posible comisión de un delito por no apreciarse la existencia de ninguno de los hechos típicos previstos en el artículo 510 del Código Penal, por lo que no procede la incoación de Diligencias de Investigación Penal”.

El presidente del Parlamento Valenciano elevó al Ministerio Público la pregunta por si la formulación de la misma implicara algún tipo de delito de odio.

La Fiscalía si que aprecia que la información solicitada, al estar referida exclusivamente al colectivo LGTBI “puede suponer una forma de discriminación” y recuerda, asimismo, que la Ley de Protección de Datos Personales señala que desvelar la orientación sexual puede ser una intromisión en su intimidad. Pero en ningún caso la Fiscalía aprecia la comisión de delito alguno.

La pregunta del grupo parlamentario Vox, formulada el uno de julio pasado, solicitaba “información sobre las subvenciones a colectivos LGTBI, acompañada con las especificidades en el caso de las cantidades asignadas a actividades con menores. En este tipo de actividades solicitamos los datos de las personas que han impartido este tipo de actividades porque nos preocupa en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos”. Desde Vox se solicitaba también que en aquellos cursos destinados a menores se cumplan las exigencias legales como es el caso del certificado de antecedentes penales.

Estas preguntas, presentadas por el registro de Les Corts, motivaron que el presidente de Les Corts, Enric Morera elevara consultas a la Fiscalía Superior por si “pudiera contravenir la legalidad vigente”, algo que ahora descarta la Fiscalía.

Además, el Ministerio Público recuerda todo el articulado del Reglamento de Les Corts que hace referencia a los derechos de los diputados a “recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresariales dependientes de la misma”.

Por su parte, desde el gabinete de comunicación del presidente de Les Corts, y después de incidir en las consideraciones de la Fiscalía sobre la posible comisión de un intromisión en la intimidad, señalan que el presidente Morera propondrá a la Mesa la tramitación de la petición “adjuntando el documento del Ministerio Fiscal para que el Consell lo tenga en cuenta a la hora de efectuar la contestación para no incurrir en discriminación ni en la revelación de datos íntimos”.