La Generalitat rectifica y no aprueba el decreto turístico

Debido a las múltiples quejas de las Diputaciones de Alicante y Castellón, el Consell valenciano decidió ayer no aprobar el nuevo decreto turístico coordinador de las diferentes instituciones y lo aplazó a la semana siguiente con el objetivo de dialogar y alcanzar un acuerdo con las partes más afectadas.

A su vez, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , reveló que, si el Consell no aprobó la medida turística y la pospuso fue debido a, según Oltra, «algunas» diferencias en las negociaciones. Así lo dijo también el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, antes de presentar su nueva política de agua, quien aseguró que su Gabinete dialoga y quiere llegar a consensos. Sin embargo, mantuvo que los ciudadanos eran conscientes de que los recursos deben gastarse de forma eficaz y coordinando las políticas para no «despilfarrar».

Puig señaló que no pretende cambiar las marcas ni hacer nada en contra del sector sino «todo lo contrario», porque todo lo que se haga será «con sector», dentro de un sistema de «cogestión».

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Alicante y cargo responsable de Promoción Turística en la provincia, Eduardo Dolón, manifestó su contento felicitando a Puig por la decisión, puesto que veía «lógico y obvio» que no hacía falta un decreto para coordinarse; afirmaciones ante las cuales puso como ejemplo la Feria de Hamburgo, un evento al que Generalitat y Diputación de Alicante acudieron juntas.

Dolón recalcó la predisposición total de la institución provincial para encontrar acuerdos con el Consell, siempre y cuando los mismos «redunden en beneficio de Alicante». Por último recordó que la Costa Blanca era una de las grandes fuentes de ingresos por turismo que la Comunitat poseía, contribuyendo más de un 50 por ciento.

Además, aprovechó desde la Diputación para evidenciar que las informaciones «inciertas» que se habían filtrado los últimos días con respecto a la auditoria de los bienes del Patronato Costa Blanca no correspondían con la realidad y que mantenían la transparencia documental del ente.