La Generalitat regulará el copago por ley a partir del 1 de enero de 2015

La Generalitat incorporará como tasa el copago a través de una ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, y con la que acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dictamina la nulidad del decreto del Gobierno valenciano de precios públicos del ámbito de los servicios sociales.

La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y el secretario autonómico de Atención Personal y Dependencia, Manuel Escolano, han dado a conocer en rueda de prensa la entrada en vigor de la nueva ley, que incluirá las medidas anunciadas desde antes del verano para el sector de la dependencia, entre ellas la rebaja del copago.

Sánchez Zaplana ha anunciado que los servicios jurídicos del Consell estudian recurrir en casación la citada sentencia y trabajan para modificar la normativa actual "en los términos que dice la sentencia", lo que supone que el copago se regule vía tasas por ley en vez de mediante precios públicos.

La consellera ha incidido en que el decreto anulado "solo afecta a personas mayores y con discapacidad no dependientes", y ha precisado que de los 4.068 afectados, 700 tenían "copago cero", por lo que el decreto afectaba a 3.350 personas, de las cuales 2.400 son mayores y 950 con discapacidad.

"Lo que queremos hacer es que todas las mejoras que estaban trabajadas y pactadas con el sector y que íbamos a incorporar en una modificación de orden y de decreto, se introduzcan, como dice la sentencia, en una normativa de rango superior", ha explicado.

Además, ha hecho hincapié en que la orden 21/2012 del Consell que traspone la Ley de Dependencia estatal a la Comunitat Valenciana "nunca"ha sido recurrida y por tanto, está en vigor.

Ha justificado que el decreto pretendía "evitar la paradoja"de que hubiera personas con valoración de dependencia que tuvieran que pagar el servicio y otras no dependientes que no lo pagaran, y ha recordado que la sentencia considera la aportación "imprescindible para el propio modelo de financiación".

Según Escolano, las medidas adoptadas buscan "la continuidad del sistema de atención de dependencia a personas mayores y a la discapacidad y a personas no dependientes que estén usando recursos públicos"y que exista "seguridad jurídica"en el futuro.

Entre las mejoras que introducirá la nueva Ley, que cuenta con una inversión de 11 millones de euros, se incrementa el "dinero de bolsillo"que, para usuarios de residencias pasa de 126 a 219 euros mensuales en el caso de personas con discapacidad.

Esa cantidad de libre disposición también mejora para las personas mayores en residencias públicas, al pasar de los 101 euros actuales al mes a 175 euros.

Además, se mejora el cálculo de las prestaciones económicas en beneficio de los menores de 18 años en situación de dependencia, de manera que se tenga en cuenta la capacidad individual del menor y no la renta familiar, como hasta ahora.

Para estos menores, asimismo, se propone generalizar la prestación por Cuidador No Profesional, algo que se contempla como excepción en la Ley de Dependencia.

En los casos de personas con discapacidad sobrevenida que sean cabeza de familia, se mantendrá la renta familiar en el cálculo de la capacidad económica para "favorecer a la familia".

Asimismo, las viviendas tuteladas podrán recibir tratamiento como recurso residencial, como hasta ahora, o como recurso de noche, lo que las equipararía al centro de día y así el usuario pagaría menos.

La Conselleria asumirá los gastos de transporte de unos 800 usuarios de centros ocupacionales de ámbito comarcal, lo que supondrá 1.300 euros anuales por persona.

Sánchez Zaplana ha destacado que, con esta mejoras, la Comunitat Valenciana se convierte, junto a Cantabria, en la autonomía "con el mejor marco para los discapacitados".