La Generalitat rompe el pacto con los imputados de Cooperación

La Abogacía de la Generalitat habría roto las negociaciones que mantenía con las partes imputadas en las dos piezas que quedan por juzgar de la causa Cooperación y que pretendía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, recuperar 3,5 millones de euros en concepto de responsabilidad y que sería abonados de forma solidaria por los imputados.

Las negociaciones estaban muy avanzadas e incluso se había logrado que la Coordinadora de ONG’S, personada en la causa, volviera a la mesa de negociación, después de haberse levantado de ella.

El criterio político ha marcado la actuación de la Abogacía. Desde Presidencia no se veía con buenos ojos que el Consell del Botànic fuera el que «beneficiara» a los condenados por corrupción, los que persiguió sin tregua durante la pasada legislatura, y les evitara sentarse nuevamente en el banquillo.

Sin embargo, fuentes de Presidencia achacaron ayer la ruptura de las negociaciones nuevamente a la Coordinadora de ONG que no vio con buenos ojos que el Supremo exonerara al jefe de área de Cooperación, Marc Llinares; y a la dificultad por parte de los imputados de hacer frente al pago de la responsabilidad.

Bajo un punto de vista pragmático, el motivo que ha movido tales negociaciones ha sido tratar de recuperar parte del dinero que presuntamente se habría desviado, dado que los acusados se comprometían a pagar 3,5 millones de euros que, caso de celebrarse el juicio, pueden ser más difíciles de cobrar.

En ese caso, más allá del hecho de volver a sentar en el banquillo a los acusados de la pieza uno y a algunas caras nuevas de las piezas dos y tres, los efectos sobre las condenas no serán muy relevantes, ya que la separación de la causa en tres piezas se hizo por razones de agilidad pero el TSJ ya dejó sentado en un auto que los delitos que se juzgaban eran los mismos y que esta separación no podía perjudicar a los imputados. Por ello, la pena máxima en el caso de la malversación no podría superar los ocho años que fija el Código Penal como máximo para la malversación continuada, por lo que la variación de las condenas para los imputados sería poco sensible.

De hecho, si se tiene en cuenta las reducciones de condena y el tiempo que puede tardar en celebrarse el juicio de las otras dos piezas, algunos condenados habrán redimido ya su deuda con la Justicia.

Esta circunstancia también era tenida en cuenta por la Fiscalía Anticorrupción, inmersa en otros casos también procelosos y que no veía con agrado dedicar al fiscal Vicente Torres durante meses y casi «en exclusiva» al juicio de las otras dos piezas que quedan por juzgar de la causa.