Valencia

La Ley de Participación institucional divide a la Conselleria de Economía

Los sindicatos minoritarios recurrieron esta norma por considerar que se les discrimina

El conseller de Economía, Rafael Climent, en una imagen de archivo
El conseller de Economía, Rafael Climent, en una imagen de archivolarazon

El conseller Climent les garantiza su modificación, y otros miembros de su Departamento se oponen

Tras la guerra por los horarios comerciales, un nuevo frente amenaza con romper la paz en la Conselleria de Economía, dirigida por Rafael Climent (Compromís). Se trata de la Ley de Participación institucional, una norma que distribuye los fondos públicos entre patronales y sindicatos. El problema radica en que algunas organizaciones minoritarias representantes de trabajadores recurrieron esta Ley por considerar que se les discrimina, un recurso que fue aceptado y que el juez valorará a finales de este mes.

Tras esta acción judicial el conseller aseguró a los sindicatos demandantes (CSI·F, Intersindical y USO) que se reformará la Ley para que los fondos les lleguen también a ellos. Por contra, otros miembros de su Conselleria (pertenecientes al PSPV) aseguran que el reglamento de la norma es completamente legal y no se va a reformar.

Por si esto no fuera suficiente, la secretaria de Relaciones Institucional de UGT, Elvira Ródenas, aseguró ayer que tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como la vicepresidenta, Mónica Oltra, les han asegurado que la Ley se mantendrá tal y como se aprobó.

Ródenas quiso recordar que el sindicato al que representa cuenta con casi 10.575 delegados sindicales, y CCOO con 10.000, mientras que CSI·F tiene 800, por lo que «claramente» los dos primeros son los más representativos en la Comunitat.

Cabe recordar que Compromís se abstuvo en la votación de esta norma, que fue aprobada en la etapa del PP, con los votos a favor del PSPV, por lo que los socialistas están de acuerdo con la misma. Desde el grupo parlamentario de Compromís, por su parte, instaron recientemente, tal y como publicó este periódico, a la Conselleria de Economía, a plantear el cambio de la norma.

Al parecer, según las fuentes consultadas, dentro de la formación existirían también divergencias. Mientras que la familia del Bloc es partidaria de reformar la Ley, en Iniciativa no se muestran a favor.