La movilidad sostenible también es cuestión de dinero

La concienciación ciudadana no será suficiente para convertir las grandes ciudades de la Comunitat en urbes con menor contaminación. La inversión en los medios de transporte público para mejorar su eficiencia es imprescindible para cambiar los hábitos de los ciudadanos.

En esta cuestión tiene mucho que ver el hecho de que haga más de una década que el Estado no colabora en la subvención del coste del transporte público. El denominado contrato- programa se eliminó en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero y a día de hoy ningún Gobierno ha cambiado esta situación.

La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana reivindica la urgencia de su recuperación para conseguir dotar de viabilidad al transporte público. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Tenerife sí tienen este convenio, por lo que para los contratistas valencianos resulta incomprensible que, como poco, una ciudad del tamaño de Valencia no lo tenga.

Déficit insoportable

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) transporta 65 millones de pasajeros al año. Soporta unas pérdidas de explotación de casi 50 millones anuales en Metro Valencia y 15 millones en Alicante. Es decir, esta cantidad es la que no queda cubierta con el precio del billete, por lo que la Generalitat debe recoger en sus Presupuestos este dinero.

«O lo que es lo mismo, cada valenciano paga con sus impuestos unos 0,76 euros de déficit por viaje y usuario en el área de Valencia para que el billete sea a un precio asequible», explica el gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés.

En Alicante la situación todavía es más grave. Cada billete tiene un déficit de 2,50 euros, una cantidad «inasumible». La excepción la constituye Castellón. Tanto la implantación del bus guiado de la capital de La Plana, como su mantenimiento, es mucho más asequible.

La situación es de tal gravedad que la Cámara de Contratistas admite que, muy a su pesar, mientras no se resuelva esta situación no es recomendable reemprender las obras pendientes de la Línea T-2, ni ninguna otra línea pendiente de finalizar en el TRAM de Alicante.

Miñés incide en que la Unión Europea tiene entre sus objetivos mejorar los índices de uso de transporte público. En España, no supera el 24 por ciento, mientras que el uso del vehículo privado asciende al 63 por ciento. Solo el once por ciento realiza sus desplazamientos a pie y el dos por ciento en bicicleta. Tanto el plan Junquer como Conectar Europa da subvenciones e inversiones a bajo interés para transportes de baja contaminación.

Y ahora, a por las cercanías

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció esta semana en Les Corts que solicitará la transferencia de la gestión de la red de Cercanías. Afirma que es la solución para que este servicio funcione de manera eficiente. Mientras se produce tanto la solicitud como la autorización, la consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador, presidió la constitución de la Mesa Técnica para la creación de una entidad del transporte metropolitano. Este ente es el primer paso para recuperar el contrato programa y es el único mecanismo que puede garantizar la viabilidad del transporte que depende de las arcas de la Generalitat.