La nueva Ley reduce la presencia del Consell en las cajas de ahorro

Durante el primer trimestre del próximo año se prevé que la Generalitat valenciana publique el decreto que desarrollará la nueva Ley de Cajas. Uno de los principales cambios que introduce la norma es la reducción del 40 al 25 por ciento de la presencia de las Administraciones públicas (Generalitat y Ayuntamientos) en los Consejos de Administración de las Cajas de ahorro, si bien solo afectará a Caixa Ontinyent, la única entidad financiera valenciana que sobrevivió a la crisis.

Esta Caja se encuentra a la espera de que la Conselleria de Hacienda publique el decreto para poder iniciar su proceso electoral. En principio, este arrancará entre septiembre y octubre de 2016 y finalizará en marzo de 2017. Esto implica un retraso de un año en la renovación de los órganos directivos de la entidad, producido por la demora en el desarrollo de la nueva ley.

La menor presencia de cargos públicos en el Consejo de Administración de estas entidades repercute directamente sobre los representantes de los impositores (clientes) que contarán con el 50 por ciento de la representación. Sin embargo aquí se introduce otra de las novedades.

Si bien hasta ahora se realizaba un sorteo entre los impositores para elegir a los representantes en el Consejo de Administración, con la nueva norma solo se elegirá con este método a la mitad, el resto serán elegidos entre los denominados «grandes impositores», es decir, los que cuenten con un determinado saldo en sus cuentas. La cantidad se determinará en el decreto.

Aparte de la menor representación de la Administración y la mayor presencia de los impositores en el Consejo y la Comisión de Control, se determinará también que la mayoría de los miembros de estos órganos sean independientes, es decir, que no tengan ninguna vinculación con la caja.

Tal y como explicó el jefe de secretaría y obra social de Caixa Ontinyent, Vicent Ortiz, no será sencillo encontrar a personas que cumplan los requisitos, puesto que estos se han establecido de manera muy estricta. «Se han reforzado la honorabilidad, los conocimientos teóricos y la experiencia práctica, así como que se disponga de tiempo para trabajar en la Caja. Además se fija especial atención en los conflictos de interés que puedan producirse», señaló Ortiz.

Además de cumplir estas exigencias, los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control no reciben remuneración alguna, a excepción de las dietas por participar en las reuniones. De ahí que no sea sencillo encontrar a personas que quieran ocupar estos sillones.

El Banco de España, asimismo, se reserva la facultad de impugar a alguno de los candidatos independientes si considera que no se adaptan al perfil. Estos aspirantes deberán contar con un respaldo mínimo del diez por ciento de los consejeros generales.

No solo se modifica la cualificación y procedencia de los miembros de los órganos, sino que también varía el número. Hasta ahora el Consejo de Administración podía tener hasta un máximo de quince miembros, que con la nueva normativa se reducirán a entre cinco y diez. La Comisión de Control, que contaba con cinco componentes, tendrá con la nueva norma entre tres y cuatro.

Otras de las novedades que se introducen es que los requisitos de los consejeros se revisarán una vez al año para asegurarse de que siguen cumpliéndolos.

El Banco de España gana poder

El órgano supervisor de las entidades financieras españolas no quiere que se repitan los errores del pasado. Por ello, a partir de ahora se reserva un mayor control sobre las Cajas de Ahorro para vigilar los acuerdos que se adopten y toda la documentación que se presente. El Banco de España vigilará la gobernancia corporativa de las Cajas, los criterios de solvencia de la entidad y supervisará todos los acuerdos e indicadores.