La patronal acusa al Consell de dificultar las inversiones

Tras reunirse con los promotores de Puerto Mediterráneo, exige seguridad jurídica

La negativa a la implantación del centro comercial Puerto Mediterráneo en Paterna, no ha sentado nada bien entre el empresariado valenciano. El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, exigió ayer «a los diferentes gobiernos y administraciones la garantía de un marco de absoluta seguridad jurídica que favorezca, y no dificulte, la actividad de las empresas y las inversiones» en la Comunitat Valenciana.

Navarro realizó estas declaraciones tras conocer de mano de la empresa promotora del centro comercial, Intu Eurofund Valencia S. L., la situación en la que se encuentra el proyecto después de que la Comisión de Medio Ambiente de la Conselleria de Agricultura, emitiera informe negativo sobre esta situación.

El presidente de la CEV recordó ayer que la empresa inició sus primeros contactos con la Administración autonómica en julio de 2012 y que en enero de 2013 el proyecto fue declarado Actuación Territorial Estratégica (ATE) por el Consell, abriéndose entonces un proceso administrativo que «en ningún caso debía superar los dos años de tramitación hasta la aprobación del plan ATE».

«Parón inadmisible»

Sin embargo, subrayó Navarro, han transcurrido casi cuatro años y en los últimos meses se ha producido un «parón administrativo inadmisible para cualquier empresa o proyecto inversor». En este tiempo, tres administraciones diferentes -local, autonómica y central- han validado los trámites preceptivos y emitido 46 informes favorables, hasta que hace unos días se conocía la memoria desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental.

Cuestionó la «maraña burocrática y administrativa y la injustificable dilación de los plazos, que ejerce también de elemento desincentivador» y que, en opinión del presidente de la CEV, «tendría y debería centralizarse, unificarse y simplificarse en aras de una gestión administrativa más ágil, objetiva y previsible». Hizo hincapié en que la seguridad jurídica es un factor básico en la toma de decisiones de inversión. «El riesgo asociado a la inseguridad jurídica actúa como elemento disuasorio para cualquier tipo de proyecto empresarial, provocando la pérdida de inversiones, actividad, empleo y riqueza», advirtió el empresario.

«Es este impulso económico a iniciativas inversoras lo que requiere ahora la Comunitat Valenciana para consolidar la senda de recuperación sostenible y no la sombra de la sospecha manifestada de forma más o menos explícita desde los ámbitos políticos competentes».