La reforma de la ley de Urbanismo, la penúltima prueba de fuego del Botànic

Se debatirán 300 enmiendas y Podemos avisa de que solo dará su voto si se introducen cambios

Corrían los primeros meses del Consell Botànic cuando se anunciaba una reforma exprés de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Había que eliminar rápidamente las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE), una figura que los firmantes del acuerdo de Gobierno- PSPV, Compromís y Podemos- consideraban peligrosa porque fomentaba los «pelotazos» urbanísticos.

Sin embargo, casi cuatro años después no hay nuevo texto aprobado. Es más, el presentado por la Conselleria de Vivienda, y aprobado por el Consell, ha recibido más enmiendas por los propios socios del Botànic que del PP. En total, se debatirán casi 300 enmiendas.

Es difícil saber cuándo se podrá llevar al pleno de Les Corts, aunque todo apunta a que habrá que esperar, como mínimo, a final de año.

El diputado de Podem, Antonio Montiel, observa con recelo el retraso en la reforma de la ley. En este tiempo se han presentado modificaciones de planes urbanísticos que no se acogerán a la nueva norma. Tiene muy claros cuales serán los puntos que deben negociarse para que su grupo dé el sí a la ley. Han presentado más de cien enmiendas, un tercio firmadas con el PSPV y Compromís, otro tercio con Compromís y 37 en solitario.

Exigen que tanto la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana como la declaración del Proyecto de Inversión Estratégica Sostenible (PIES), la figura que sustituye a las ATE, requieran de la aprobación de Les Corts. También pide la creación de una Agencia de Protección de Territorio para que los Ayuntamientos puedan ceder competencias en disciplina urbanística e impedir nuevas viviendas diseminadas.

Por último, inciden en los cambios necesarios en una figura que ha centrado el debate sobre el modelo de territorio, la del agente urbanizador. «Si la reforma no es suficientemente ambiciosa para eliminarla ni tampoco los PAIS de iniciativa privada, queremos que al menos haya una prioridad pública y solo se recurra a autorizar la iniciativa privada cuando esté suficientemente justificada y en defecto de la iniciativa pública».

Insiste en que se debe evitar que un agente privado pueda modificar a través de un plan parcial lo que dice el plan general. «Planteamos esta medida en solitario», insiste Montiel, quien advierte de que del modelo de territorio que se adopte depende del modelo económico hacia el que se quiere caminar.

Desde Compromís, la diputada Belén Bachero, explica que se unirán a Podemos para exigir una mayor restricción en la definición de los PIES. «Es ahí donde tenemos que negociar con el PSPV, queremos que estén exentos de uso comercial y residencial. También es importante que la ley esté impregnada de la perspectiva de género».

La diputada socialista Sabina Escrig confía en lograr, tras el debate, una nueva ley que «proteja el territorio, sea sostenible, beneficie a la economía y a los sectores productivos».

Mientras, en el PP asisten atónitos a la aprobación de una ley que, de incluirse las enmiendas presentadas por el Botànic, no tendrá nada que ver con la presentada ante el Consell. La diputada Elisa Díaz explica que el PP presentó 48 enmiendas técnicas y que apoyarán al Consell en la regularización de las 400.000 viviendas ilegales a través de un plan de minimización de impactos. Los populares ponen un pero importante a esta ley. Están en contra de que se permita la desclasificación- que un suelo vuelva a ser no urbanizable- sin indemnizar a los propietarios. «Es una expropiación encubierta».

A Ciudadanos le preocupa la modificación de los PAI, la reversión de la reparcelación y las viviendas diseminadas. «La reforma debe ser meditada pensando en qué desarrollo queremos».

El polémico agente urbanizador

La modificación de la Lotup introduce matizaciones en la definición de agente urbanizador, figura recogida ya en la LRAU (aprobada por el último Consell del PSPV en 1994) y que generó miles de reclamaciones en Bruselas. La Conselleria de Vivienda asegura que esta norma refuerza la gestión pública directa. «Limita las facultades de la gestión indirecta privada para planificar y reclasificar terrenos». Es decir, que limita la capacidad del promotor privado, pero no la hace desaparecer. Por este motivo, desde Podemos se exige que se dé un paso más y que priorice de manera clara la iniciativa pública. La formación morada peleará por cambiar este punto de la ley, mientras que desde Compromís se muestran satisfechos porque se ha conseguido que el agente urbanizador no pueda ser privado. «Es la única manera de acabar con los 'pelotazos' urbanísticos». Sin embargo, los populares afirman que en la práctica serán los agentes privados los que desarrollen el suelo porque los Ayuntamientos recurrirán a ellos. De hecho, el PP está de acuerdo en cómo queda regulado. La incógnita es si este motivo provocará que Podemos vote «no» a esta ley. «Un privado no puede modificar un plan general para ganar dinero», remarcan.