La valoración que hacen los Consistorios de la dependencia puede ser ilegal

PP denuncia que Oltra ha ejecutado solo el cero por ciento del programa de servicios sociales y menos de la mitad del programa del menor, e insta a los valencianos a «montar un pollo»

La diputada María José Català, en una imagen de archivo
La diputada María José Català, en una imagen de archivo

PP denuncia que Oltra ha ejecutado solo el cero por ciento del programa de servicios sociales y menos de la mitad del programa del menor, e insta a los valencianos a «montar un pollo»

La valoración que los Ayuntamientos están haciendo de los requisitos para obtener ayudas de la Ley de la Dependencia puede ser inconstitucional.

La diputada del PP, María José Català, explicó ayer que la vicepresidenta Oltra delegó las competencias de la valoración de la dependencia en los Ayuntamientos, en virtud del artículo 34 de la Ley de Medidas Fiscales, y que tal delegación podría suponer la duplicidad de competencias. Además, tal decisión no iba acompañada de una memoria económica y, por tanto, no se garantizaba la sostenibilidad financiera de la administración local.

Por estos motivos, el Diario Oficial de la Generalitat publicó el miércoles el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat por el que se «inician negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación al artículo 34 de la Ley de medidas fiscales (...) y se designará un grupo de trabajo».

La traducción del inexpresivo lenguaje burocrático quiere decir que ambas administraciones se emplazan a negociar para encontrar una solución que no aboque al gobierno central a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

María José Català indicó que «ya advertimos desde el PP que Oltra estaba metiendo en un problema a los ayuntamientos delegándoles la valoración de la dependencia» y que «se ha ideado un sistema que es un fracaso, que ya tiene vicios de legalidad y que no está siendo eficiente en la valoración de la dependencia».

En este sentido, Català explicó que en marzo de 2017 había 103.437 solicitudes y solo 85.973 dictámenes, por lo que quedaban 17.464 personas por valorar, lo que supone «un atasco en la valoración y menos personas con derecho a una percepción».

Por otra parte, denunció la falta de ejecución presupuestaria de la Conselleria de Oltra y dijo que antes de pedir dinero a Madrid debería ejecutar el que dispone.