Los investigadores aprecian «matonismo» político en Divalterra

La SER desvela la denuncia de los trabajadores en la que se narran amenazas e insultos por parte del presidente Rodríguez, de su jefe de gabinete y de su entorno

Fuentes de la investigación de la operación Alquería que supuso la detención la semana pasada del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y de su equipo más cercano, así como de los cogerentes de Divalterra, explicaron ayer a LA RAZÓN que en la causa se han detectado modos de «auténtico matonismo político».

De esta forma valoraron los investigadores los modos y las formas que los trabajadores de Divalterra denunciaron el pasado mes de febrero a la Fiscalía, según adelantó ayer la Cadena SER.

Las mismas fuentes señalaron que «muchos de los que ahora dicen que no hubo ninguna irregularidad van a tener que dar muchas explicaciones».

Añadieron que los denunciantes son «funcionarios de carrera» y que en ellos no se advierte ninguna animadversión al actual gobierno, ni vinculación con el anterior, si no más bien un compromiso por la función pública.

Los investigadores también están tratando de preservar a ultranza la identidad de los denunciantes, petición que se ha hecho extensiva también a los medios de comunicación.

La denuncia presentada incidiría en los mismos aspectos que la que en su día presentó Ciudadanos, es decir, en la innecesaria e injustificada contratación de hasta diez altos cargos, «pero más argumentada y documentada».

Tal y como adelantó la SER, «la denuncia de los trabajadores de Divalterra, de 22 páginas y 57 puntos, describe cómo desde noviembre de 2016, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, auxiliado fundamentalmente por su asesor jurídico, Jorge Cuerda, y su jefe de gabinete, Ricardo Gallego, llevan a cabo una campaña de 'acoso organizado' acompañada de órdenes de despido, insultos, falsedades, vejaciones públicas, atentados al honor y a la ideología, y amenazas continuas».

Según los denunciantes, «esa campaña se produce por el intento de Rodríguez y su equipo de legalizar siete contrataciones como cargos de alta dirección, repartidas entre tres puestos para el PSOE y cuatro para Compromís, y contra los empleados públicos que, basándose en una auditoría interna y hasta en doce informes, alertaban de que estas colocaciones a dedo incumplían la ley, contravenían los principios de austeridad, eficiencia y transparencia».

Otras medidas de liquidez

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha citado a declarar este viernes como testigos a los representantes de Compromís, PSPV-PSOE, PP y Ciudadanos en la empresa pública de la Diputación de Valencia, Divalterra (la antigua Imelsa).
Entre los citados se halla la actual presidenta en funciones de la Diputación, Maria Josep Amigó.