Los proyectos que sí crecen pese a la crisis

A estas alturas de la crisis cuesta creer que haya alguna cifra positiva que no solo no haya caído estrepitosamente, sino que además haya experimentado un importante incremento.

Se trata de las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC), una figura creada en 1992 para atender la demanda de determinadas actividades consideradas de utilidad pública o social y que deben implantarse en suelo no urbanizable común.

Desde que comenzó esta legislatura, concretamente desde junio de 2011 a abril 2013, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha concedido 203 DIC, (71 en Valencia, 87 en Alicante y 45 en Castellón), lo que supone un incremento del 30 por ciento en un año.

Esta sería la figura que podría utilizarse para construir las plantas de valorización energéticas, la versión avanzada de las incineradoras y previstas en el Plan Integral de Residuos, si los consorcios encargados de gestionar los desechos no alcanzasen un acuerdo. La Generalitat podría servirse de una DIC para levantar la instalación donde crea más necesario.

Energía y agricultura

Las DIC más numerosas corresponden a actividades agropecuarias, seguidas de las energéticas y las industriales. Entre todas representan el 48,2 por ciento del total. Le siguen los alojamientos turísticos, las actividades deportivo- recreativas y las instalaciones destinadas al tratamiento de los residuos, que suman el 27,6 por ciento del total.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacables del periodo que va de junio de 2011 a febrero de 2011 es el gran protagonismo adquirido por las actividades energéticas, ya que duplican a las tradicionales.

La clave se encuentra en el «boom» de las energías renovables, puesto que en un análisis más amplio, concretamente desde 1992, son las actividades agropecuarias las que suman mayor número de autorizaciones.

Las DIC se conceden por un periodo no superior a los 30 años, aunque se pueden solicitar prórrogas. También deben cumplir determinadas características, por lo que muchas de las solicitudes acaban siendo rechazadas. Desde junio de 1992 hasta finales de enero de 2013 se formularon 5.407 tramitaciones, de las cuales se autorizaron finalmente 1.619.

Una vez ha concluido la concesión, los terrenos deben volver a su estado original. La responsabilidad es del concesionario, que también paga un canon por usar este suelo. De hecho, se calcula que los Ayuntamientos han ingresado entre 50 y 60 millones.

Según un informe de la Conselleria de Infraestructuras, las actividades aprobadas generaron más de 10.000 empleos, de los cuales aproximadamente la mitad corresponden a actividades agropecuarias e industriales.

Este documento ha analizado el número de hectáreas consumidas por las DIC. La superficie total ronda las 8.200 hectáreas. De éstas, 4.000 están ocupadas por explotaciones mineras y la ocupación efectiva del resto no llega a las 1.600. Así mismo, de estas 1.600, alrededor de mil corresponden a instalaciones fotovoltaicas.