Los seis detenidos de la operación Alquería quedan en libertad con cargos

A todos ellos se les imputa prevaricación y malversación y el Juzgado les pide que estén localizables en cualquier momento

Los seis detenidos el pasado miércoles en la denominada operación Alquería, quedaron ayer en libertad con cargos tras comparecer ante el juez.

Los arrestados, que pasaron la noche en el calabozo, eran Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia por el PSPV; el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego; los gerentes de la empresa pública provincial Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simón (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación.

Tal y como se esperaba, todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar.

La Fiscalía no pidió el ingreso en prisión dado que no advierte en los mismos riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, ya que, tal y como pudo saber LA RAZÓN, la Policía ha documentado suficientemente la acusación del Ministerio Público.

Según fuentes de la investigación, existen correos y «whatsapp» que vincularían al todavía presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, con la contratación de los altos cargos de Divalterra.

Al parecer, es este el fondo del asunto y pese a que se barajaba la posibilidad de que hubiera algo más dada la magnitud de la operación, parece ser que las pesquisas policiales y de la Fiscalía se centran en la contratación injustificada de siete cargos directivos de la empresa Divalterra.

El coste de los sueldos de dichos directivos, si hubieran estado contratados desde 2015 hasta 2019, más sus respectivos finiquitos, fue estimado en la denuncia presentada en marzo por Ciudadanos, en dos millones y medio de euros. Fuentes judiciales rebajaron la cifra a dos millones.

En cualquier caso, las mismas fuentes explicaron que la acusación del Ministerio Público era muy firme a la hora de reclamar que se les impute el delito de malversación, especialmente, después de la última reforma legal que incluye la administración desleal como una forma de malversación. De este modo, la contratación de los altos cargos entraría de lleno en la nueva tipificación del delito.

La operación desarrollada el miércoles y que llevó a la Policía a practicar registros tanto en la Diputación de Valencia como en el Ayuntamiento de Ontinyent, así como en domicilios particulares de los detenidos, buscaba datos de dichas contrataciones, y de momento no consta que se buscaran documentos relativos al Ayuntamiento de Ontinyent.

Según explicaron fuentes conocedoras del caso, «Rodríguez iba poco por la Diputación, y había establecido su base en Ontinyent, y allí mantenía entrevistas tanto por cuestiones municipales como provinciales».

En el día de ayer, los detenidos, que pasaron la noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores, fueron trasladados a la Ciudad de la Justicia sobre las cinco de la tarde. Su declaración no pudo prestarse antes pues por la mañana el fiscal del caso estaba tomando declaración a Ricardo Costa y otros testigos de la causa Imelsa.

En apenas una hora fueron saliendo todos los detenidos por la puerta de los calabozos, tras negarse a prestar declaración, e imputados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los investigados deberán comparecer ante el juzgado de Instrucción número 9 cada vez que sean llamados.

La estrategia de no prestar declaración en esta primera comparecencia ante el juez suele ser la recomendada por ls abogados ya que aún desconocen el alcance de la investigación, las pruebas recabadas por la Policía y el fundamento de las acusaciones que pesan sobre ellos.

LAS CLAVES

Contratación

Divalterra realizó siete contrataciones de alta dirección con los informes en contra y totalmente injustificadas dada la actividad de la empresa. Los sueldos de estos directivos hubieran rondado los dos millones y medio de euros.

Administración desleal.

La administración desleal se considera desde la última reforma legal, como un delito de malversación de caudales públicos. Los investigadores tienen acreditado que Rodríguez era conocedor de la irregularidad de las contrataciones.

Suspendido de militancia Rodríguez ha sido apartado de sus cargos en el PSPV. El partido espera que presente su renuncia a la presidencia de la Diputación de Valencia