Tribunales

Los tribunales denegaron en tres ocasiones la paralización de Ikea

El Consell de Puig ha anunciado la suspensión de la ATE Alicante Avanza. El acto podría ser constitutivo de un delito de prevaricación

La ATE Alicante Avanza ocupa una extensión aproximada de 2.200.000 metros cuadrados
La ATE Alicante Avanza ocupa una extensión aproximada de 2.200.000 metros cuadradoslarazon

El vuelco que el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra quiere dar a la gestión heredada del PP puede topar con problemas legales. En su primera reunión plenaria el Gobierno valenciano acordó la paralización de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Alicante Avanza, en la que está incluida la construcción de un centro comercial liderado por Ikea.

Sin embargo, esta decisión tiene ya antecedentes jurídicos en su contra. A día de hoy existen tres recursos que los tribunales ya han rechazado. Dos de ellos fueron presentados por particulares y un tercero por la asociación de comerciante de Alicante. Solicitaban la paralización de la declaración de ATE aprobada por el pleno del Consell. Todas ellas fueron admitidas a trámite y tras ser estudiadas los tribunales dictaron que no había motivos para frenar el desarrollo de esta actuación.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, justificó su anuncio en la implicación en dicho proyecto del empresario Enrique Ortiz, imputado en varios casos de corrupción.

No obstante, el equipo de la otrora Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ya previó esta circunstancia. EU le hizo llegar un informe policial en el que se recogían las conversaciones que imputan a Ortiz diferentes delitos. Con esta documentación pretendían que la Conselleria diese marcha atrás en la tramitación.

Tras recibir esta información la Generalitat remitió un escrito al juez con dicha información para que se pronunciase. Todavía no ha obtenido respuesta.

Así, el Consell debería contar con nuevos informes que avalen su decisión, puesto que los que existen actualmente corroboran la legalidad de la actuación y por tanto, el derecho del promotor a realizarla. Es más, según los expertos consultados por LA RAZÓN, esta decisión podría ser constitutiva de un delito de prevaricación.

En cualquier caso, el promotor podrá reclamarle a la Generalitat una indemnización por los perjuicios económicos que conlleva la paralización de una actuación en la que ya han invertido dinero.

Además, una vez se ha declarado ATE, la Generalitat está obligada a escuchar la postura del Ayuntamiento, así como todas las alegaciones realizadas en el proceso de participación pública, pero en ningún caso es vinculante su postura. Las ATE son aprobadas por el Consell porque se consideran actuaciones que superan el ámbito municipal.

El periodo de exposición pública- que se amplió para facilitar el gran número de alegaciones previstas- terminó el pasado 6 de junio. Por tanto, Alicante Dinamiza está en tramitación.

Prevé la inversión de 700 millones y la creación de 4.400 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. La extensión aproximada es de 2.200.000 metros cuadrados. Tiene cuatro áreas diferenciadas. Un centro comercial de 125.000 metros cuadrados, una zona terciaria mixta de 125.000, un parque científico empresarial de 250.000 y un parque público metropolitano de un millón de metros cuadrados alrededor de las lagunas de Rabassa.