Los tribunales paralizan una veintena de planes urbanísticos en tres años

A los tiempos del boom urbanístico le precedieron los de las disputas en los tribunales por los planes aprobados. En los últimos tres años la Justicia ha paralizado 21 planes urbanísticos, tanto planes generales de ciudades tan importantes como el de Castellón, como planes parciales tan polémicos como el de Rabassa, en Alicante.

Según los datos de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la provincia de Valencia se han anulado siete (Ador, Llano del Cura, Rótova, Chelva, Náquera, Catarroja y el de Enguera); en la de Castellón seis (Castellón, Les Useres, Onda, el de Marina d' Or Golf de Cabanes, el del caso de Vall d' Alba y el de Benicàssim Golf); en Alicante han quedado suspendidos ocho más (Rabassa, Altea, dos en Aspe, Benissa, Dénia, San Miguel de las Salinas y Monforte del Cid).

La mitad de ellos quedaron sin efecto debido a que contaban con un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) quien informa de si hay disponibilidad de recursos hídricos. A la vista de los resultados, es obvio que la CHJ consideraba inviable prácticamente cualquier actuación urbanística.

De hecho, se produjo una sonada polémica entre la CHJ, dependiente del Gobierno central, en aquella época en manos de Rodríguez Zapatero, y la Generalitat. Los primeros insistían en que la Comunitat estaba desarrollando un urbanismo salvaje y los segundos quisieron obviar estos informes y aprobaron los planes aportando los de empresas suministradoras de agua. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ratificó que la opinión de la CHJ era vinculante.

La siguiente causa de anulación más común se debe a que no incorporaron la Evaluación Ambiental Estratégica, sino la declaración de impacto. Se produjo un fallo a la hora de realizar una trasposición de la legislación europea.

Capítulo aparte merecen los paralizados porque se considera que no se ha respetado la ley de contratación pública. No se cuestiona el contenido de los planes, sino que no se siguieron los procedimientos adecuados a la hora de adjudicar dicho contrato. Es el caso del plan parcial Marina d' Or Golf, que fue recurrido por la Generalitat porque los tribunales solo lo habían rechazado por esta cuestión. Más tarde, otro fallo añadió la falta de evaluación ambiental estratégica.

El director general de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner, aseguró que estos errores ya no se producen en los escasos planes que se aprueban en la actualidad.