Marco duda de que llegue el AVE si no cambia el Gobierno

La alcaldesa de Castellón, a favor de limitar las exenciones de impuestos a la Iglesia y de la libertad de su equipo de decidir si va a procesiones

La alcaldesa de Castellón, ayer durante su intervención en Fórum Europa-Tribuna Mediterránea
La alcaldesa de Castellón, ayer durante su intervención en Fórum Europa-Tribuna Mediterránea

La alcaldesa de Castellón, a favor de limitar las exenciones de impuestos a la Iglesia y de la libertad de su equipo de decidir si va a procesiones

Castellón lleva años esperando un AVE que, según las últimas previsiones, llegará antes del próximo 30 de abril, pero la alcaldesa de la capital, Amparo Marco, ya no confía en las promesas del Gobierno central. «Me gustaría creerlo, pero si hacemos caso del pasado no me lo creo. ¡Ojalá sea cierto!».

Cree, no obstante, que un cambio en el Ejecutivo podría cambiar las cosas y acabar con el «aislamiento» de la ciudad en Alta Velocidad, pues, considera que si cambia el Gobierno de España «se tendrá más en cuenta la ciudad y la llegada de esta promesa tantas veces incumplida».

Marco participó ayer en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, donde fue presentada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y donde defendió las necesidades más urgentes para la ciudad.

Reducción de la deuda

Al respecto, destacó que, desde que los socialistas llegaron al poder, han sido reivindicativos con todas las administraciones, «gobierne quien gobierne» y eso ha permitido que la deuda heredada con la Generalitat, de 8,8 millones de euros, se haya reducido en solo seis meses hasta los 3,3 millones.

Reconoció que Castellón tiene debilidades, como unas infraestructuras atrasadas o un planeamiento urbanístico «anulado» que limita la atracción de inversiones, pero también fortalezas como su situación geográfica privilegiada o instalaciones como el Puerto de Castellón o el segundo aeródromo más importante de Europa.

Preguntada por la posibilidad de que la Iglesia Católica deje de estar exenta del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se mostró a favor de limitar esta ventaja fiscal a los edificios patrimoniales, pero no a las fincas rústicas, «pues las ONG pagan el IBI». De todos modos, recordó que el cambio legislativo es competencia estatal y no municipal.

En cuanto a si los miembros de la Corporación local deben o no asistir a actos religiosos en representación institucional, la primera edil señaló que «no lo harán si no quieren». A su juicio, esa decisión pertenece al «ámbito de lo privado y lo personal», y añadió: ««Yo lo haré cuando considere que tengo que ir».